Un juez natural designado ha iniciado diligencias preliminares contra 23 ciudadanos, entre ellos diputados y exdiputados del Congreso Nacional, por su supuesta participación en los delitos de malversación de caudales públicos, fraude en perjuicio de la administración pública y lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado.

Las investigaciones surgen en el contexto del uso de los Fondos Departamentales, de los cuales no se ha precisado el monto total involucrado, debido a que el caso ha sido declarado bajo régimen de secretividad, según las autoridades judiciales.

Abogados confirman representación legal de diputados implicados

El abogado Darwin García, quien representa a varios de los investigados, entre ellos los ciudadanos Juan Carlos Valenzuela y Antonio Rivera Callejas, indicó que se han apersonado ante el juez para garantizar los derechos de sus defendidos.

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“Nos hemos personado para que se les garantice el derecho de defensa y el principio de inocencia que gozan estos ciudadanos que están siendo sometidos a un proceso de investigación”, expresó García.

Llamado a la rendición de cuentas

Algunos profesionales del derecho consideran que estas acciones son necesarias para combatir la impunidad y la corrupción, sin distinción de ideologías o cargos políticos.

“Diputados actuales como los exdiputados que han gozado de este Fondo Departamental y que en realidad han hecho fiesta con él, pues vengan a rendir cuentas. Que no quede como otros casos que fueron archivados”, opinó el abogado Marlon Arévalo.

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Señalamientos de motivaciones políticas

No obstante, hay voces que advierten que estas acciones podrían tener fines políticos. El analista Marvin Ponce sostuvo que este tipo de investigaciones podría utilizarse como herramienta de presión sobre miembros del Congreso.

“Estas son armas del partido de gobierno para amedrentar y extorsionar a diputados para que voten en la línea del oficialismo”, denunció Ponce.

Llamado a la recuperación de fondos

Finalmente, otros sectores sostienen que, además de la judicialización, debe haber recuperación de los fondos desviados.

“Que se castigue al que ha delinquido, al que ha robado, y que devuelva también lo que sustrajo. Que sean perseguidos sus bienes”, señaló otro abogado involucrado en el proceso.

El caso continúa en etapa investigativa, y se espera que en los próximos días se amplíe la información oficial sobre el alcance y profundidad de estas diligencias judiciales.