«Código Penal en deuda con hondureñas»: Piden condenas más severas para delitos, incluido ciberviolencia

25 de noviembre de 2024Judiciales, Nacionales, Titulares

Diversas voces en Honduras hicieron el llamado a una revisión urgente del Código Penal vigente, al que califican como un instrumento que favorece la impunidad en delitos contra las mujeres.

Entre las principales preocupaciones destaca la reducción de penas por delitos como el femicidio, que pasó de 40 a 20 años de prisión, lo que según activistas y líderes políticas, envía un mensaje de permisividad hacia la violencia de género.

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Doris Gutiérrez, designada presidencial, criticó enérgicamente las deficiencias del actual marco legal. “Ese Código Penal así como está, más bien es casi una invitación para que sigan violando mujeres, niñas y todo, porque saben que incluso rápidamente hasta pueden salir, hasta se pueden defender en libertad. Esa es una barbaridad”, expresó durante el foro de Canal 11, LA ENTREVISTA.

Además, reiteró la necesidad de reformar este cuerpo normativo, argumentando que las actuales sanciones no son disuasorias y perpetúan un sistema de impunidad.

Por su parte, Honorina Rodríguez, defensora de derechos humanos, enfatizó que la violencia contra las mujeres no puede tratarse como un delito común, ya que está enraizada en relaciones desiguales de poder.

Asimismo, sugirió medidas como el desarme escalonado y la inclusión de atenciones específicas en estados de excepción, para enfrentar este tipo de violencia de manera más efectiva.

Opiniones sobre Código Penal en LA ENTREVISTA

Ciberviolencia y violencia política

Uno de los temas que han planteado sobre la mesa haciendo eco a las autoridades es la violencia cibernética. Gutiérrez relató cómo fue víctima de campañas de desinformación y suplantación en redes sociales.

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Se necesita regular estas plataformas y sancionar tanto a los responsables como a las empresas que permiten este tipo de contenido. Las multas podrían ser un punto de partida para frenar estos abusos, señaló la designada presidencial.

La demanda por sanciones más severas también incluye aspectos administrativos, como garantizar la paridad de género en las planillas políticas y castigar infracciones laborales que vulneren derechos de las mujeres.