Honduras continúa enfrentando un panorama de seguridad complejo, marcado por cifras de homicidios que, aunque muestran variaciones leves, siguen reflejando una problemática estructural.

Gobiernos anteriores han apostado por la implementación de la policía comunitaria como una de sus estrategias para combatir la criminalidad desde un enfoque preventivo y cercano a la ciudadanía; aunque este es un esquema que, según expertos, no es nuevo y ha estado presente en la institución policial desde hace más de 15 años.

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Situación en Honduras: hondureños mueren cada día de forma violenta

De acuerdo con el Observatorio de la Violencia de la UNAH, el país registra un promedio de seis muertes violentas al día, una cifra que se mantiene similar a la del año anterior. Para la directora del observatorio, Migdonia Ayestas, este comportamiento evidencia que, más allá de variaciones estadísticas menores, Honduras continúa enfrentando una crisis de seguridad que requiere respuestas integrales.

La especialista señala que factores como la pobreza, el desempleo, la exclusión social y el control territorial ejercido por estructuras criminales inciden directamente en la violencia. Además, advierte que el crimen organizado aprovecha momentos de transición institucional para fortalecer sus operaciones, incluso con indicios de que el país podría estar evolucionando de ruta de tránsito a territorio de producción de drogas.

Impulso de policía comunitaria en Honduras: ¿En qué ha quedado?

Frente a este escenario, las autoridades han impulsaron el modelo de policía comunitaria, una estrategia que busca transformar la relación tradicional entre la Policía Nacional y la población.  La iniciativa contempla la instalación de Mesas de Seguridad Ciudadana en los 298 municipios del país. Estos espacios reúnen a miembros de la comunidad y agentes policiales para identificar problemáticas locales, diseñar estrategias de prevención y fortalecer la vigilancia en zonas específicas.

Sin embargo, el comisionado en condición de retiro José Alfredo Ponce explica que este modelo no debe entenderse como una estructura aislada, sino como una forma de trabajo que debería permear a toda la institución.

“No es crear una dirección, es que toda la Policía Nacional tenga ese sentido de servicio hacia la comunidad”, señaló, al tiempo que subrayó que el principal reto sigue siendo recuperar la confianza ciudadana.

Ponce enfatizó que la cercanía con la población es clave para cambiar la percepción negativa hacia la Policía Nacional. A su juicio, el agente debe asumir un rol de servicio, basado en el respeto y la atención al ciudadano. “El policía tiene que acercarse, conversar y ganarse la confianza de la gente”, indicó, destacando que esa relación directa puede incidir en la prevención del delito.

En la misma línea, el jefe de operaciones de la DPI, Arnold Cantarero, afirmó que este enfoque ya forma parte del trabajo policial cotidiano, aunque reconoció que su fortalecimiento sigue siendo un desafío en zonas con fuerte presencia del crimen organizado. Según explicó, mejorar la proximidad con la ciudadanía permitiría obtener más denuncias y reducir la llamada “cifra negra” de delitos no reportados.

El eje central del modelo es la cercanía con la población. La estrategia prioriza el diálogo, la confianza y la participación activa de los ciudadanos en la construcción de entornos más seguros. Este enfoque no es nuevo en el país, ya que retoma experiencias desarrolladas durante administraciones anteriores.

En términos operativos, las autoridades aseguran que agentes han sido capacitados en este modelo, tanto para zonas urbanas como rurales. Asimismo, las nuevas generaciones de policías están siendo formadas bajo esta filosofía, lo que apunta a una transformación progresiva en la manera de abordar la seguridad pública.

En cuanto a avances, la Policía Nacional ha fortalecido la estrategia mediante cooperación internacional. Con el respaldo de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), se desarrolla el proyecto orientado a la capacitación especializada en seguridad comunitaria. Este incluye la creación de un laboratorio académico y tecnológico dentro de la institución policial, enfocado en la producción de contenido educativo digital y el intercambio de conocimientos.

Como parte de esta iniciativa, se prepara un curso internacional de policía comunitaria, previsto para 2027, que contará con la participación de oficiales de distintos países de América Latina. El programa combinará formación virtual y presencial, además de visitas de campo y elaboración de planes de acción que serán implementados en sus países de origen.

Cooperación interinstitucional

Expertos coinciden en que la efectividad de la policía comunitaria dependerá de su articulación con otras políticas públicas. Incluso, el propio José Alfredo Ponce advirtió que este enfoque debe complementarse con acciones firmes en investigación criminal y combate directo al delito, involucrando instituciones como el Ministerio Público (MP) y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

La reducción de la violencia, señalan, no puede limitarse únicamente a la presencia policial, sino que requiere intervenciones en áreas como educación, empleo, desarrollo social e investigación criminal.

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En ese sentido, Migdonia Ayestas ha insistido en la necesidad de fortalecer la coordinación interinstitucional y atacar las finanzas del crimen organizado como parte de una estrategia más amplia.

Así, Honduras se encuentra ante un desafío clave: consolidar un modelo de seguridad basado en la prevención y la participación ciudadana, mientras enfrenta cifras que continúan evidenciando la magnitud del problema. La Policía Comunitaria surge como una apuesta relevante, pero su impacto real dependerá de la sostenibilidad de las acciones y del compromiso de todos los sectores involucrados.