El diputado del Partido Nacional, Antonio Rivera Callejas, presentó ante el Congreso Nacional una iniciativa de reforma al Código Penal que busca endurecer las sanciones por delitos de violación y abuso sexual, la propuesta plantea elevar las penas hasta 40 años de prisión, incluir la posibilidad de cadena perpetua y aplicar castración química en casos específicos.

Rivera Callejas explicó que la iniciativa pretende modificar el artículo 241 del Código Penal, donde actualmente las condenas pueden rondar los 11 años.

Según el congresista, estas penas no reflejan el impacto permanente que sufren las víctimas, especialmente niños, niñas y adolescentes.

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Alcances de la propuesta

El proyecto contempla rangos de condena entre 30 y 40 años de cárcel, además de la cadena perpetua en situaciones graves.

La castración química se aplicaría como medida adicional en casos de reincidencia, cuando la víctima sea menor de edad, o cuando el agresor tenga vínculo familiar o posición de autoridad.

Rivera Callejas reconoció que la propuesta podría generar debate en materia de derechos humanos, pero subrayó que su prioridad es la protección de las víctimas.

También, recordó que iniciativas similares ya habían sido presentadas en periodos legislativos anteriores.

Trámite legislativo

El diputado detalló que el proyecto deberá remitirse a las instancias correspondientes, incluidas salas de lo penal, para recibir opiniones técnicas no vinculantes.

Posteriormente, regresará al pleno del Congreso Nacional para su discusión y votación, donde se requerirá mayoría simple.

Rivera Callejas manifestó que buscará respaldo de sus colegas para que la iniciativa avance en la agenda legislativa. Argumentó que el endurecimiento de las penas sería una herramienta para combatir la violencia sexual y reducir la incidencia de estos delitos en el país.

¿Qué es la castración química?

La castración química consiste en la administración de medicamentos que reducen la producción de hormonas sexuales, principalmente testosterona, con el objetivo de disminuir la libido y la actividad sexual.

A diferencia de la castración quirúrgica, no implica una intervención irreversible, ya que sus efectos suelen ser temporales y desaparecen al suspender el tratamiento.

Este procedimiento ha sido utilizado en algunos países como medida de control en casos de delitos sexuales, especialmente en agresores reincidentes.

Su aplicación genera debate en torno a la ética y los derechos humanos, aunque quienes la respaldan sostienen que puede contribuir a reducir la reincidencia y proteger a las víctimas.

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