“Bajar la edad punible es trasladar el fracaso estatal a los adolescentes”, señala Coiproden
Reducir la edad de responsabilidad penal en Honduras no sería una solución contra la violencia, sino —según advierte la Red coiproden— una decisión que trasladaría el fracaso del Estado a los hombros de adolescentes en situación de vulnerabilidad.
Su director ejecutivo, Wilmer Vásquez, sostuvo que bajar la edad punible de 18 a 16 años no enfrenta las verdaderas causas estructurales del crimen y, por el contrario, pone en riesgo los derechos y el futuro de miles de jóvenes.
“Legislar desde la indignación”
Vásquez explicó que este tipo de propuestas suelen surgir como reacción a hechos violentos que impactan a la opinión pública.
“Es común que estas propuestas surjan como respuesta emocional ante hechos violentos que impactan a la opinión pública. Sin embargo, legislar desde la indignación impide un análisis objetivo y técnico de un fenómeno complejo”, expresó.
En ese sentido, agregó que reducir la edad de imputabilidad constituye “una solución superficial que no aborda las causas estructurales de la criminalidad”.
Riesgos y retrocesos
El director ejecutivo señaló que muchos adolescentes crecen en contextos de precariedad y falta de oportunidades, lo que los hace vulnerables frente a estructuras criminales dirigidas por adultos. Estas organizaciones, afirmó, se aprovechan de su inmadurez emocional y necesidad de pertenencia para involucrarlos en actividades ilícitas.
“Castigarlos como adultos no rompe el ciclo, sino que lo profundiza”, advirtió.
Recordó además que en Honduras, cuando un adolescente entre 12 y 18 años comete un delito, responde ante un sistema de justicia especial, distinto al de los adultos. Este modelo reconoce que están en proceso de desarrollo y que las sanciones deben tener un carácter educativo y formativo, orientado a la rehabilitación y reinserción social.
Coiproden enumeró varios riesgos de reducir la edad punible: mayor vinculación permanente con el crimen organizado, limitación de las posibilidades de rehabilitación, debilitamiento del enfoque de protección especial y traslado del problema a un sistema penitenciario que ya enfrenta serias deficiencias. Asimismo, advirtió que la medida contravendría el principio de progresividad de los derechos humanos.
Llamado a fortalecer la prevención
La organización enfatizó que la violencia no se resolverá con castigos más severos, sino con políticas públicas efectivas de prevención. En ese sentido, subrayó la necesidad de invertir en educación de calidad, programas comunitarios, salud mental, apoyo a las familias y oportunidades reales para la juventud.
Antes de endurecer penas, plantearon fortalecer los programas interdisciplinarios en los centros pedagógicos para generar cambios reales de conducta.
Finalmente, coiproden exhortó al Congreso Nacional de Honduras y a la sociedad hondureña a reflexionar con rigor científico y humano.
“Reducir la edad punible no es un acto de justicia, sino una confesión de fracaso estatal”, concluyó Vásquez, afirmando que la niñez y adolescencia no son el problema, sino parte fundamental de la solución para construir un país más justo y seguro.
Diputada Saraí Espinal propone reducir la edad punible: ¿Cuál será el nuevo límite para castigar crímenes?
La diputada del Partido Liberal, Saraí Espinal, presentó ante el Congreso Nacional una iniciativa de ley que busca reformar el Código Penal para reducir la edad punible de 18 a 16 años en casos de delitos graves.
La propuesta contempla que jóvenes de 16 y 17 años puedan ser procesados y condenados por delitos como homicidio, violación, extorsión, secuestro, tráfico de drogas, tenencia ilegal de armas y crímenes cometidos en el marco de organizaciones criminales.
Espinal argumentó que el crimen organizado ha encontrado formas de involucrar a menores en actividades ilícitas, aprovechando que la legislación actual limita la responsabilidad penal a partir de los 18 años. “Es vital establecer penas claras para rescatar a nuestra sociedad y demostrar que cuando un joven delinque, debe enfrentar consecuencias”, señaló.
Registro para agresores sexuales
La iniciativa también incluye la creación de un registro nacional de agresores sexuales, con el fin de que la ciudadanía pueda identificar a quienes han cometido delitos contra menores. Además, contempla la posibilidad de aplicar castración química en casos de violación comprobada contra niñas, medida que la diputada considera necesaria para proteger a la niñez hondureña.
La propuesta ha generado debate, pues sectores defensores de derechos humanos advierten que podría vulnerar garantías fundamentales de los adolescentes. Sin embargo, Espinal asegura que las familias víctimas de la violencia y los abusos respaldarán la iniciativa, al considerarla un paso hacia la justicia.
El proyecto será discutido en el Congreso Nacional en las próximas semanas, donde se espera un intenso debate entre quienes apoyan endurecer las penas contra menores involucrados en delitos graves y quienes defienden la protección de los derechos de la juventud.
Quiero felicitar a la diputada Sarai Espinal por la iniciativa de Ley.@saraiespinal
— Brenda Moncada (@Brendamoncada88) February 12, 2026
Gracias Sara, primeramente Dios se pueda hacer algo por los niños. pic.twitter.com/HqwVMrASWG
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