La Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de los Servidores del Sector Justicia (FEES-SJ) logró que se dictara auto de formal procesamiento contra los exmagistrados Reynaldo Antonio Hernández, Wilfredo Méndez Romero y Rina Auxiliadora Alvarado Moreno.

Los tres, quienes integraron la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia entre 2016 y 2023, enfrentan acusaciones por el delito de prevaricato judicial.

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Esta resolución se ratificó recientemente por la corte de apelaciones especializada en criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción.

De manera unánime, declararon sin lugar los recursos de apelación presentados por la defensa de los imputados. En consecuencia, los acusados continuarán enfrentando el proceso judicial en su contra.

Señalamientos de irregularidades en sentencias millonarias

De acuerdo con las investigaciones, los exmagistrados estarían vinculados a la emisión de una sentencia dictada en marzo de 2022 que beneficó a instituciones bancarias demandadas. La resolución en cuestión involucró una cuantía de 159,810,071.30 dólares.

El caso se remonta a una serie de irregularidades iniciadas en febrero de 2016, cuando el Pleno de la Corte Suprema de Justicia ordenó que el expediente de la demanda fuera devuelto a la nueva Sala de lo Civil.

Esto ocurrió tras un intento fallido de la Sala anterior (2009-2016) de alcanzar una resolución unánime. Este procedimiento se ha visto calificado como antijurídico, ya que, al no haber consenso en el Pleno, la resolución debería considerarse definitiva.

Rol del exmagistrado Hernández

El exmagistrado Reynaldo Antonio Hernández habría influido en el Pleno para que los recursos de casación fueran conocidos y resueltos por la Sala de lo Civil que él integraba.

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Las investigaciones sugieren un posible conflicto de interés, evidenciado cuando, el 22 de marzo de 2022, junto a los magistrados Méndez Romero y Alvarado Moreno, emitieron una sentencia unánime que absolvió a las instituciones bancarias involucradas.

El Ministerio Público enfatiza que estas acciones configuraron un acto ilegal que contravino las normativas vigentes, beneficiando indebidamente a las entidades demandadas.

Continuidad del proceso judicial

Con esta ratificación, los imputados deberán seguir enfrentando el proceso legal en su contra, mientras el Ministerio Público reafirma su compromiso de combatir actos de corrupción y garantizar la justicia en el país

Aquí el comunicado del Ministerio Público: