Concluye audiencia inicial de caso de alcaldía de SPS

Concluye audiencia inicial de caso de alcaldía de San Pedro Sula; MP espera auto de formal procesamiento y prisión preventiva

28 de septiembre de 2025Judiciales, Nacionales, Titulares

MP logra auto de formal procesamiento con prisión preventiva para 10 personas implicadas en desfalco de L 45.5 millones en alcaldía de SPS

La Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) obtuvo un auto de formal procesamiento con prisión preventiva contra 10 personas acusadas de participar en el desfalco de 45.5 millones de lempiras en la Alcaldía de San Pedro Sula.

Entre los imputados se encuentran Luis Fernando Hernández Portillo y su esposa Olga Estela Ávila Ortega, representante legal de la empresa HERCOD S. de R.L., así como exfuncionarios y actuales representantes de otras empresas coludidas: Andrea Fabiola Perdomo Delgadillo, Malcos Jonathan Morales Corea, Osman David Chávez Orellana, Denis Jamil Paz Martínez, Alejandra Eunice Amaya Barnica, Marlen Karina Mena Gómez, Xavier Lacayo Delgadillo y Walter Manuel Cartagena Villagra.

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Las investigaciones revelan que los 33 contratos fraudulentos adjudicados a HERCOD buscaban beneficiarse indebidamente, alterando incluso la extensión de los tramos de carreteras a reparar. HERCOD carecía de maquinaria y personal para ejecutar los proyectos, y los pagos fueron realizados sin informes de avance ni finalización de obras.

Posteriormente, los fondos fueron transferidos a cuentas controladas por Hernández Portillo y Ávila Ortega, incluyendo movimientos por más de 5.9 millones de lempiras que terminaron en manos de familiares del alcalde.

MP logra auto de formal procesamiento con prisión preventiva para 10 personas implicadas en desfalco de L 45.5 millones en alcaldía de SPS

Foto: Cortesía

El Ministerio Público (MP) informó que concluyó la audiencia inicial en el caso contra 10 de los 15 imputados por el presunto desfalco millonario a la alcaldía de San Pedro Sula (SPS).

La institución espera que, tras valorar la contundencia de las pruebas presentadas, el juez dicte auto de formal procesamiento con prisión preventiva, medida solicitada por el grave riesgo de fuga de los acusados y la gravedad de los delitos.

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De acuerdo con el comunicado oficial, los imputados son exfuncionarios, funcionarios y particulares que, según la investigación, habrían participado en contratos fraudulentos para desviar fondos municipales. Los delitos señalados incluyen violación de los deberes de los funcionarios, fraude continuado, lavado de activos y tráfico de influencias.

El MP aseguró haber presentado 43 medios probatorios, entre documentos, testimonios y peritajes que acreditan la responsabilidad de los encausados.

Por su parte, el Poder Judicial informó a través de su cuenta de X que la audiencia inicial, desarrollada en el Juzgado en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, se extendió por más de 24 horas y concluyó en la etapa de conclusiones.

Según el comunicado judicial, las partes procesales fueron citadas para este lunes 29 de septiembre a las 9:00 de la mañana, cuando se dictará la resolución correspondiente.

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El MP subrayó que no se trata de un caso de persecución política, sino de hechos de corrupción que afectaron directamente los recursos municipales. Además, reiteró su compromiso de continuar enfrentando las redes de corrupción que dañan la institucionalidad y afectan los intereses de la sociedad hondureña.

En tanto, el fallo judicial se convierte en un punto clave para el proceso, ya que definirá si los señalados enfrentarán su causa bajo prisión preventiva, como lo solicitó la fiscalía, o si el tribunal toma una decisión distinta.

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Formalizan proceso contra 10 implicados en millonario fraude en alcaldía de SPS: defensa prepara estrategia legal

La defensa del tesorero implicado en el caso de presunto fraude por más de 45.5 millones de lempiras ha cuestionado la solidez de la acusación presentada por el Ministerio Público. El abogado Selvin López aseguró que no se ha podido precisar cuál fue la omisión atribuida a su representado, ni se ha demostrado que haya participado en las fases precontractuales o de supervisión del proyecto en cuestión.

“El tesorero no debía estar en el proceso, mucho menos preso, porque ofreció una caución suficiente cercana a los 25 millones de lempiras, con gran esfuerzo de su familia”, afirmó López, destacando que el acusado ha mostrado disposición de enfrentar el proceso en libertad.

Inseguridad jurídica

Además, la defensa sostiene que el caso refleja una preocupante inseguridad jurídica, donde se violenta la tutela judicial efectiva y se compromete la imparcialidad de los jueces. López lamentó que los tribunales estén sometidos a presiones que impiden garantizar los derechos fundamentales de los imputados.

“Nosotros tenemos un compromiso con nuestro representado y con la sociedad, para que se respete el debido proceso”, expresó. Mientras tanto, cinco personas más continúan prófugas de la justicia, lo que añade complejidad al caso y mantiene activa la estrategia legal de los defensores.

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