Analistas de San Pedro Sula han catalogado como una clara persecución política las recientes acciones emprendidas contra el alcalde Roberto Contreras.

En medio del proceso electoral que se avecina, diversos sectores del norte del país aseguran que el ambiente político se ha tornado tenso y cargado de intereses partidarios.

El presidente de la Gremipe en la capital industrial, Víctorino Carranza, expresó que el país atraviesa un panorama de «improvisación tremenda», producto de la falta de propuestas concretas y del desgaste entre las fuerzas políticas.

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«El partido de gobierno ha entrado en la desesperación; saben que las cosas no están muy fáciles y no cumplieron con su plan de gobierno», afirmó.

Carranza también señaló que los ataques hacia Contreras aparecen en un momento estratégico, justo en la recta final del proceso político, lo que alimenta las sospechas de un trasfondo más allá de lo administrativo o legal.

«Podría ser persecución política, porque esto aparece en los últimos días de la recta final, y no debería de ser así», manifestó el representante empresarial.

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Desde el sector de las micro y pequeñas empresas, se ha destacado la estabilidad laboral que mantienen pese al clima político incierto, recordando que más de dos millones de empleos dependen de su continuidad.

No obstante, advierten que el conflicto político afecta la confianza y genera incertidumbre en el desarrollo económico del país.

Mientras tanto, el caso de Roberto Contreras continúa generando debate en distintos sectores sociales, especialmente en el norte de Honduras, donde su gestión ha sido reconocida por parte de gremios empresariales.

La población, por su parte, observa con cautela los movimientos políticos que se dan en vísperas del proceso electoral del próximo 30 de noviembre.

Ministerio Público confirma investigaciones contra el alcalde Roberto Contreras

El vocero del Ministerio Público, Yuri Mora, confirmó que se encuentran en marcha varias líneas de investigación contra el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras.

Según explicó, el Ministerio Público está desarrollando diferentes diligencias en torno a presuntas irregularidades administrativas y financieras, algunas de ellas relacionadas con contratos otorgados durante su gestión.

Mora aclaró que, aunque las investigaciones están activas, hasta el momento no se ha presentado un requerimiento fiscal formal contra el edil.