Analistas llaman a candidatos de Honduras a priorizar propuestas sobre confrontaciones previo a elecciones generales 2025
Analistas políticos alertan que la actual campaña electoral en Honduras se ha transformado en un escenario de confrontaciones en lugar de propuestas. Señalan que, lejos de presentar planes concretos para el país, muchos candidatos centran su discurso en desenterrar escándalos de sus adversarios, lo que refleja una degradación de la política nacional.
“Estamos viendo una campaña donde los aspirantes a cargos de elección popular compiten no por sus proyectos, sino por quién logra parecer el menos deshonesto”, afirmó Kenneth Madrid, analista político.
Según su criterio, esta dinámica coloca al electorado en una situación compleja, obligándolo a elegir entre “el menos malo” o “el menos cuestionado” en lugar de valorar programas de gobierno.
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La confrontación, marcada por insultos, descalificaciones y hasta afirmaciones engañosas entre representantes de diversos partidos políticos, ha sido constante durante casi todo el año. Para los especialistas, esta conducta evidencia la debilidad de las instituciones partidarias y la falta de renovación dentro de las filas políticas.
Elecciones 2025 en Honduras: entre propuestas pendientes y la herencia de la crisis política
Las elecciones generales de Honduras están programadas para el 30 de noviembre de 2025. En estos comicios, los ciudadanos elegirán al presidente de la República, 128 diputados titulares y 128 suplentes al Congreso Nacional, 20 diputados titulares y 20 suplentes al Parlamento Centroamericano, así como 298 alcaldes y vicealcaldes y 2,168 regidores municipales. El presupuesto aprobado para la realización de estos comicios asciende a 1,492 millones de lempiras, aproximadamente 60.2 millones de dólares.
Las primarias de marzo de 2025 definieron a los principales candidatos presidenciales: Nasry Asfura, del Partido Nacional, Salvador Nasralla, del Partido Liberal, y Rixi Moncada, de LIBRE, respaldada por la presidenta Xiomara Castro. Con estos resultados, el Consejo Nacional Electoral (CNE) oficializó la convocatoria a las elecciones generales, marcando el inicio del período de campaña formal para los comicios de noviembre.
Por otro lado, la clase política hondureña ha sido promotora histórica de corrupción: desde décadas atrás, informes locales revelan que la corrupción ha drenado miles de millones de dólares del erario hondureño. Un estudio elaborado por el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo (Fosdeh) señala que, en los últimos 33 años, Honduras ha perdido cerca de US$ 3,500 millones por casos emblemáticos como el desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social, compras irregulares de hospitales móviles durante la pandemia y el fallido proyecto Trans-450.
Organizaciones como el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) advierten que muchos de los actos corruptos no solo provienen del pasado, sino que siguen replicándose. Según el CNA, durante el mandato de la administracion de Xiomara Castro se han identificado al menos 10 casos de corrupción en secretarías como Gobernación, Salud y Planificación Estratégica, para los analistas, esta herencia explica en parte la falta de credibilidad que hoy enfrentan los aspirantes a cargos de elección popular.
Juristas consultados subrayan que, aunque existen leyes para prevenir y sancionar la corrupción, su aplicación sigue siendo débil. Por eso, la responsabilidad recae en el votante: ejercer su derecho al sufragio con criterio para evitar repetir ciclos de impunidad. “Es difícil que un candidato desista por iniciativa propia; por eso el ciudadano debe tener conciencia política para decidir quién dirigirá los destinos de la nación”, advirtieron.
Los expertos coinciden en que, si la clase política no recupera la confianza ciudadana mediante propuestas claras y compromisos reales, las elecciones seguirán marcadas por la confrontación y el desencanto. De ahí el llamado de los analistas a que los candidatos prioricen soluciones para el país por encima de ataques personales, a fin de fortalecer la democracia y ofrecer alternativas viables a la población.








