A medida que se acercan las elecciones del 30 de noviembre, diversos analistas consideran que el “fantasma” de los delitos electorales sigue latente en el proceso democrático hondureño.

Aunque se han modificado mecanismos que históricamente facilitaron prácticas irregulares, persiste la preocupación debido a la tradición de algunos sectores políticos de recurrir a artimañas como la venta de credenciales, manipulación de actas, compra de votos e interferencias en el traslado de material electoral.

Para el analista Carlos Arévalo, estas situaciones suelen repetirse en cada proceso electoral sin que exista una consecuencia real para quienes cometen estas acciones.

Señala que las denuncias por alteración de actas, violencia electoral y otros delitos generalmente se quedan en simples reportes públicos, sin que se apliquen sanciones como la inhabilitación o procesos judiciales firmes contra los responsables.

Llamado a la Fiscalía para actuar ante posibles irregularidades

Otros expertos consideran que, a diferencia de comicios anteriores, en esta ocasión se ha sentado un precedente, ya que varias personas permanecen privadas de libertad por delitos cometidos durante las elecciones primarias.

Para ellos, esto debería motivar una actuación más vigilante por parte de las autoridades encargadas de fiscalizar el proceso.

El exfiscal de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) , Alex Navas, recuerda que la Fiscalía de Delitos Electorales mantiene un período activo de trabajo durante todo el proceso, lo que permite investigar y judicializar cualquier intento de entorpecer las elecciones.

Asegura que el Ministerio Público tiene la obligación de intervenir cuando sea necesario para garantizar la transparencia y el respeto a la ley.

Analistas expresan preocupación por posible uso político de investigaciones

Sin embargo, algunos sectores advierten sobre el riesgo de que ciertas instituciones puedan utilizar las investigaciones con fines políticos.

El abogado Leonel Núñez señala que existe una percepción de impunidad para algunos actores y de persecución contra otros, por lo que insiste en la necesidad de que las acciones del Ministerio Público sean equilibradas y apegadas a derecho.

No obstante, Núñez subraya que lo más importante es que el proceso electoral se desarrolle con normalidad y que prevalezcan la conciliación y el respeto entre los participantes.

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