La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, envió un contundente oficio a sus compañeros de pleno, Marlon Ochoa y Cossette López, en respuesta a declaraciones del jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández, quien anunció que las Fuerzas Armadas revisarían el contrato entre el CNE y la empresa encargada del transporte de material electoral.

El documento, al que tuvo acceso el equipo de Once Noticias, reafirma que dicha revisión excede las competencias constitucionales de la institución castrense durante el proceso electoral.

Hall citó el artículo 272 de la Constitución de la República, que establece que las Fuerzas Armadas son una institución apolítica, obediente y no deliberante, subordinada funcionalmente al CNE desde un mes antes de las elecciones hasta la declaratoria de resultados.

Obligaciones en periodo electoral

En ese periodo, las Fuerzas Armadas deben acatar exclusivamente las instrucciones del órgano electoral en lo relativo a seguridad, custodia y transporte de materiales. “La Presidencia conserva el mando político-militar general, pero no puede interferir en decisiones técnicas o logísticas electorales”, subraya el documento

La consejera presidenta también advirtió que cualquier intento de desobedecer o contradecir las instrucciones del CNE constituiría una violación a su autonomía y una transgresión al principio de neutralidad militar.

En ese sentido, solicitó girar comunicación inmediata al jefe del Estado Mayor para que se abstenga de emitir declaraciones sobre el proceso electoral, recordando que la vocería oficial corresponde únicamente al CNE.

Esta reacción se da en medio de tensiones previas, como la controversia generada por la solicitud de las Fuerzas Armadas de recibir copias de las actas de cierre en las elecciones primarias, lo que fue ampliamente criticado por expertos constitucionalistas.

Solicitud de las FF.AA.

En horas más tempranas del lunes (3/11/2025) el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, Roosevelt Hernández, aseguró que la institución militar asumirá plena responsabilidad en la supervisión del transporte, custodia y vigilancia del material electoral.

Según Hernández, estos roles están conferidos por la Constitución de la República de Honduras

Hernández señaló que, ante los “actos conspirativos” detectados por la Ministerio Público de Honduras, las Fuerzas Armadas “ejercerán la supervisión estricta del contrato entre el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el proveedor adjudicado. No permitiremos ninguna alteración en el orden de despacho, fechas ni rutas”.