Ambientalista y su hijo sin vida tras alertar tala ilegal en Santa Cruz de Soroguara

27 de febrero de 2025Nacionales, ON, Sucesos

Confirmado el macabro hallazgo de los cuerpos del ambientalista, Juan Silva y su hijo Antonio Silva, quienes habían desaparecido desde las primeras horas del miércoles en el sector de Santa Cruz de Soroguara, en el departamento de Francisco Morazán.

Ambos encontrados descuartizados en una zona montañosa cercana al lugar donde se les vio por última vez, después de haber estado involucrados en una denuncia por tala ilegal de árboles en la región.

Lea También: Casi 300 hondureños fallecidos en accidentes de tránsito en Honduras en 2025, según el SIAT

Los informes proporcionados por los familiares indican que los Silva, conocidos por su preocupación por la preservación del medio ambiente, estaban llevando a cabo una denuncia contra la tala ilegal que se realizaba en el bosque de Soroguara.

Esta actividad, que afecta gravemente al ecosistema local, es el motivo por el cual ambos padres de familia se encontraron en la mira de individuos que, de forma violenta, los privaron de la vida.

Las motocicletas de las víctimas encontradas abandonadas cerca de la escena, hecho que refuerza la hipótesis de que el crimen está vinculado directamente con las denuncias sobre la explotación ilegal de los recursos naturales.

Se presume que, tras la denuncia, fueron secuestrados y privados de su vida de manera violenta por un grupo de personas desconocidas, quienes luego de cometer el crimen, ocultaron los cuerpos en una zona montañosa y dejaron abandonadas las motocicletas de las víctimas cerca de la escena del crimen.

La desaparición de Juan y Antonio Silva generó gran conmoción en la comunidad, que expresó su indignación ante lo que se considera un asesinato relacionado con la lucha contra la tala ilegal en el área.

Las autoridades locales han iniciado una investigación para dar con los responsables de este atroz crimen, mientras que los familiares y vecinos claman por justicia.

Este trágico suceso pone de relieve la creciente preocupación por la seguridad de las personas que denuncian actividades ilegales en el país, especialmente en zonas rurales donde la tala de árboles y otras actividades ilícitas afectan gravemente el medio ambiente y la biodiversidad.

Además, resalta la necesidad de fortalecer la protección a los denunciantes y a aquellos que trabajan para preservar los recursos naturales.