La violencia continúa golpeando con fuerza a la niñez y juventud hondureña, con números alarmantes, donde en lo que va de 2025, se contabilizan alrededor de 400 muertes violentas de niños, adolescentes y jóvenes en todo el país, una cifra que revela la gravedad de una problemática que no da tregua y que sigue enlutando a cientos de familias hondureñas.

El director ejecutivo de la Red Coiproden, Wilmer Vásquez, explicó que, según el monitoreo permanente que realiza la organización, 359 muertes violentas de personas entre 0 y 30 años de edad se han registrado hasta la fecha.

Asimismo, detalló que, aunque comparado con el año 2024 se refleja una reducción del 17%, equivalente a 371 casos menos, Vásquez considera que la situación “sigue siendo alarmante” y que la sociedad hondureña no puede acostumbrarse a este nivel de violencia.

“Nosotros como Red Coiproden permanentemente estamos dando seguimiento a los diferentes medios de comunicación para identificar las denuncias sobre vulneración de derechos a niñas y niños, pero particularmente al tema de las muertes violentas de adolescentes y jóvenes. Sin duda, esta es una problemática que nos afecta a todos”,señaló.

El defensor de derechos de la niñez detalló que los departamentos de Cortés y Francisco Morazán continúan siendo los más violentos del país.

“Son los dos departamentos donde están las ciudades más grandes, y lamentablemente donde más adolescentes y jóvenes pierden la vida de forma violenta”, lamentó Vásquez.

A su criterio, el país ya cuenta con una política de prevención de la violencia hacia la niñez, adolescencia y juventud, pero el problema radica en su falta de aplicación real. “No es ausencia de políticas públicas ni de leyes, sino de la implementación de las mismas y de la obligatoriedad política para que puedan ser insertadas dentro de los planes y proyectos nacionales”, añadió.

Honduras no puede seguir normalizando la muerte de sus niños y jóvenes como si se tratara de simples estadísticas. Cada vida perdida representa el colapso de los valores sociales y el incumplimiento del deber del Estado de proteger a su población más vulnerable. Urge que las autoridades de todos los niveles de gobierno activen y apliquen los mecanismos ya existentes para frenar esta ola de violencia que consume el futuro del país. No se trata de crear más políticas, sino de hacer que las que ya existen funcionen con resultados reales, medibles y visibles en las comunidades donde hoy la niñez vive con miedo.

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