Un recurso de inconstitucionalidad fue presentado ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con el objetivo de detener los efectos del Decreto Legislativo No. 58-2025, aprobado por el Congreso Nacional. La acción argumenta que el decreto constituye una invasión a las competencias exclusivas del Consejo Nacional Electoral (CNE) y representa una amenaza directa al orden constitucional y a la sucesión presidencial.

El recurso fue interpuesto por el abogado Hermes Faustino Ramírez Ávila, quien solicita que la CSJ declare un conflicto positivo de competencia entre el Poder Legislativo y el CNE. El escrito sostiene que el decreto aprobado el 8 de enero de 2026 anula de manera implícita la declaratoria oficial de elecciones emitida por el CNE los días 24 y 30 de diciembre de 2025 y ordena un nuevo escrutinio general de todas las actas de cierre de las Juntas Receptoras de Votos.

Señalamientos graves: usurpación de funciones y violación a la Constitución

Según el documento, el Congreso Nacional estaría usurpando funciones exclusivas del CNE, al pretender ejecutar un recuento de votos y anular un proceso ya concluido por el órgano electoral. Esto constituye, según el abogado, un acto de injerencia inconstitucional y una amenaza al principio de separación de poderes.

“El Decreto Legislativo No. 58-2025 es inconstitucional por invadir atribuciones del CNE, órgano autónomo al que le corresponde exclusivamente la dirección, organización y declaratoria de los procesos electorales”, argumenta el recurso.

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Medida cautelar solicitada

Hermes Ramírez también pidió que, como medida cautelar, la Sala de lo Constitucional suspenda de inmediato los efectos del decreto y cualquier acto de ejecución derivado, incluyendo el eventual recuento de votos por parte del Congreso. El recurso advierte que permitir la ejecución del decreto podría causar un “daño grave e irreparable” al orden constitucional, al paralizar la sucesión presidencial y generar inestabilidad política sin precedentes.

Partes señaladas en el conflicto

La acción constitucional va dirigida contra el Congreso Nacional, representado por su presidente Luis Redondo, y el Consejo Nacional Electoral (CNE), encabezado por la consejera presidenta Ana Paola Hall García. El abogado solicitó que ambas partes sean notificadas para exponer su posición conforme a la Ley sobre Justicia Constitucional.

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Riesgos institucionales y advertencia sobre “auto-golpe”

El recurso advierte sobre los peligros de permitir que un poder del Estado interfiera en las funciones de otro, señalando que el decreto podría abrir la puerta a un “auto-golpe de Estado”, al alterar el equilibrio de poderes y desconocer la voluntad popular expresada en las urnas.

Ramírez Ávila invoca su interés legítimo para actuar en defensa del orden democrático y constitucional de Honduras, amparado en el artículo 38 de la Constitución de la República.

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Próximos pasos

Ahora queda en manos de la Sala de lo Constitucional decidir si admite la acción, concede la medida cautelar solicitada y, eventualmente, resuelve el fondo del conflicto, en medio de una crisis política que continúa escalando en el país.