A pocos meses de las elecciones generales, OEA pide un alto a la violencia política contra las mujeres
A medida que se acerca el próximo proceso electoral en Honduras, la preocupación por el aumento de la violencia política se intensifica. La Organización de Estados Americanos (OEA), a través de su representante Alejandra Mora, hizo un llamado urgente a los partidos políticos para detener las agresiones que amenazan la integridad del proceso democrático y, en particular, la participación de las mujeres.
“La violencia política no solo pone en riesgo el proceso electoral, sino que desestimula la participación de las mujeres y degrada el debate público”, señaló Mora.
Según la OEA, los monitoreos constantes revelan que este tipo de violencia se ha vuelto grave y sistemática, especialmente contra candidatas, defensoras de derechos humanos y activistas anticorrupción.
Ataques a políticas
En este contexto, se han documentado ataques contra figuras como las concejales Cossette López y Ana Paola Hall, quienes aspiran a cargos de elección popular y han sido blanco de agresiones por su labor en la lucha contra la impunidad.
Voces ciudadanas y representantes de organizaciones sociales coinciden en que la campaña electoral, que inicia el próximo mes, debe estar marcada por el respeto, el debate de ideas y la inclusión.
“Queremos que la violencia política la combatamos juntas y juntos”, expresó la ministra de la Mujer, Doris García, recordando que las mujeres son las principales víctimas de este fenómeno. La falta de propuestas basadas en ideas y el uso de discursos que menosprecian a las personas han sido señalados como prácticas recurrentes que afectan la calidad democrática.
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Mujeres a cargos de elección popular
“Honduras necesita mujeres valientes, talentosas, capaces, con carácter, que no le tengan miedo a la corrupción ni a los corruptos”, afirmó la diputada nacionalista, Johana Bermúdez, subrayando la necesidad de estar preparadas ante cualquier tipo de ataque.
Finalmente, se hizo un llamado a las autoridades operadoras de justicia para que actúen con firmeza frente a quienes promueven y ejecutan actos de violencia política. La exigencia es clara: garantizar un proceso electoral libre de intimidaciones, donde todas las voces puedan participar con seguridad y dignidad.











