El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de los Servidores del Sector Justicia (FEEFSSJ), ha presentado un requerimiento fiscal contra el Juez Ejecutor Edgardo Enrique Rivera Argueta.

El juez enfrenta cargos de prevaricato judicial y falsificación de documentos públicos, señalado por el Ministerio Público por supuestos actos en perjuicio de la administración de justicia y la fe pública.

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La investigación se centra en el Recurso de Amparo N°. SCO-0937-2016 presentado ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

El amparo fue interpuesto por el abogado Walter Enrique Pineda Paredes en nombre de José Olivio Rodríguez Vásquez, relacionado con actuaciones del Ministerio Público en torno a una solicitud de nombramiento y juramentación de peritos presentada ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa.

El Ministerio Público había solicitado examinar un documento del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) relacionado con una denuncia presentada por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) contra Ángel Armando Cerrato, Magaly Bustillo Streber, José Antonio Elvir Vásquez y José Ovidio Rodríguez. Este último era magistrado de la Corte Suprema de Justicia en ese momento.

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La Sala de lo Constitucional declaró con lugar la Acción de Amparo en noviembre de 2018, señalando una vulneración del Debido Proceso. Sin embargo, en ninguna instancia ordenó el cierre de la denuncia, como lo dispuso el Juez Ejecutor Rivera Argueta a la Fiscalía Especial Para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) en octubre de 2023.

La Fiscalía argumenta que la orden de cierre del expediente, impartida de manera imperativa por el Juez Ejecutor, constituye un exceso que va más allá de sus facultades y contradice las sentencias emitidas por la Sala de lo Constitucional.