Después de un cuestionado proceso electoral en Venezuela, miles de venezolanos han denunciado haber sido víctimas de violencia por parte de las autoridades y haber sufrido algún tipo de represión.

Luego de las elecciones, el gobierno de Nicolás Maduro ha intensificado la represión contra la oposición en Venezuela, adoptando medidas drásticas como la invalidación de pasaportes de decenas de activistas y figuras críticas.

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En el estado occidental de Zulia, Venezuela, más de 30 opositores han visto sus documentos de viaje anulados por el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME).

Romer Rubio, coordinador de la Plataforma Unitaria de partidos opositores venezolanos en Chile, fue uno de los primeros en notar esta situación.

A principios de agosto, tras una advertencia de una fuente confiable en su país, revisó el estatus de su pasaporte en el sistema gubernamental, solo para encontrar un mensaje alarmante en letras rojas: «Anulado».

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Rubio no es el único afectado. En las últimas horas, varios activistas de derechos humanos, académicos, periodistas y políticos venezolanos han confirmado la invalidación de sus pasaportes.

En el contexto de una creciente represión tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, la oposición ha calificado el proceso como fraudulento. Además, se han reportado más de 2.200 detenciones de opositores, a quienes el gobierno acusa de terrorismo.

El 3 de agosto, las autoridades del aeropuerto de Maiquetía retuvieron a Yendri Velásquez, activista LGBTQ+, durante seis horas tras anular su pasaporte. Al día siguiente, detuvieron a la profesora Edni López cuando descubrió que su pasaporte aparecía vencido en el sistema oficial.

El periodista Jefferson Díaz, residente en Ecuador, denunció que el gobierno venezolano invalidó los pasaportes de su familia, lo que él considera una forma de coerción para silenciar a los críticos del régimen.

Luis Magallanes, coordinador del partido Voluntad Popular en Ecuador, reportó casos similares en Argentina, Chile y Colombia.

Organizaciones como Aula Abierta han comparado estas tácticas con las empleadas en regímenes autoritarios como el de Nicaragua, señalando que representan una grave violación de los derechos humanos y de las normas internacionales.