En medio de un clima político cada vez más tenso, la oposición colombiana ha lanzado fuertes acusaciones contra el presidente Gustavo Petro, sugiriendo una posible responsabilidad indirecta en el reciente atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe.

El hecho ha reavivado el debate sobre el discurso confrontativo del actual gobierno y su posible incidencia en el aumento de la violencia política.

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El ataque contra Uribe, ocurrido recientemente, ha sido condenado por diversos sectores, pero desde la oposición se ha puesto el foco en el ambiente de polarización impulsado, según ellos, por el gobierno de Petro y sus aliados.

Argumentan que las campañas de confrontación habrían creado un contexto en el que los actos violentos se vuelven más frecuentes y peligrosos.

Frente a estas acusaciones, el presidente Petro y su círculo cercano han rechazado categóricamente cualquier vínculo con el atentado, calificando los señalamientos como irresponsables y sin fundamento.

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La controversia se intensificó aún más tras las declaraciones del ex canciller Álvaro Leiva, quien afirmó que Petro tendría problemas con el consumo de estupefacientes. Según Leiva, este presunto consumo habría afectado la capacidad del mandatario para cumplir con responsabilidades clave, incluyendo la ausencia en encuentros diplomáticos importantes, como la fallida reunión con el presidente de Panamá y otras delegaciones del Caribe, en la cual fue representado por la canciller.

Estas afirmaciones han avivado especulaciones sobre el estado de salud mental y el comportamiento del presidente, abriendo un debate sobre su idoneidad para ejercer el cargo. La oposición sostiene que estos episodios reflejan una posible crisis de gobernabilidad.