La Misión Internacional Independiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Venezuela reveló este martes 15 de octubre que el gobierno de Nicolás Maduro cometió presuntamente «crímenes de lesa humanidad» antes, durante y después de las elecciones presidenciales del 28 de julio.

Según el informe presentado por la misión, las elecciones en Venezuela estuvieron marcadas por la persecución de opositores y la represión de protestas.

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El informe, de 158 páginas y que abarca el periodo del 1 de septiembre de 2023 al 31 de agosto de 2024, acusa a las fuerzas de seguridad y grupos civiles progubernamentales de asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, y violencia sexual y de género.

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La Guardia Nacional, la Policía Nacional, y los servicios de inteligencia civil (SEBIN) y militar (DGCIM) figuran como los principales responsables de estas violaciones de derechos humanos, que incluyeron detenciones arbitrarias y represión violenta de manifestaciones.

ONU denuncia que declaraciones del gobierno de Nicolás Maduro alimentaron la represión

El documento también señala que las máximas autoridades del Estado, especialmente después de los comicios, emitieron declaraciones que alentaron la represión, generando un clima de violencia y hostilidad.

Además, critica el papel del Consejo Nacional Electoral, la Asamblea Nacional y el sistema de justicia, describiéndolos como instituciones que han socavado los derechos humanos y restringido el espacio democrático.

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El informe subraya que, aunque anteriores investigaciones ya señalaron graves abusos, durante este proceso electoral la represión afectó no solo a líderes opositores, sino también a ciudadanos comunes que expresaron su desacuerdo con el gobierno o los resultados electorales.

La misión, presidida por la jurista portuguesa Marta Valiñas, detalla que al menos 48 personas fueron arrestadas en los meses previos a las elecciones bajo acusaciones de conspiración, mientras que durante la campaña electoral se registraron otras 121 detenciones.

Tras los resultados, las autoridades intensificaron las detenciones masivas, alcanzando niveles solo comparables con protestas de años anteriores, como en 2014, 2017 y 2019.

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