El gobierno del expresidente Donald Trump enfrenta una nueva batalla legal, luego de que un juez federal iniciara un proceso por desacato tras desobedecer una orden judicial que prohibía la deportación de más de 200 migrantes, en su mayoría venezolanos, hacia El Salvador.

El magistrado James Boasberg, quien lidera el caso, emitió un contundente fallo de más de 40 páginas en el que acusa al Ejecutivo de haber actuado con un “desprecio total” hacia la autoridad judicial.

“La Constitución no permite la desobediencia deliberada a órdenes judiciales por parte de quienes han jurado defenderla”, escribió Boasberg, quien advirtió que permitir tal conducta convertiría el sistema legal en una farsa.

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Donald Trump y la ley de 1798

La polémica se originó el pasado 14 de marzo, cuando Trump invocó una ley de 1798, diseñada para tiempos de guerra, con el fin de expulsar a migrantes presuntamente vinculados a grupos criminales como el Tren de Aragua.

Sin embargo, investigaciones periodísticas indican que la mayoría de los deportados no tenían antecedentes penales.

El juez Boasberg bloqueó el uso de la ley un día después, cuando dos aviones con migrantes ya volaban hacia Centroamérica. Pese a la orden, los vuelos aterrizaron en El Salvador, marcando el inicio de una crisis sin precedentes.

Uno de los casos más emblemáticos es el de Kilmar Ábrego, un joven salvadoreño con estatus migratorio legal en EE.UU., deportado y encarcelado en el Cecot, una prisión señalada por violaciones a los derechos humanos.

Aunque la Corte Suprema ordenó facilitar su regreso, tanto EE.UU. como El Salvador se han deslindado de responsabilidad.

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Organismos como Human Rights Watch han denunciado estas deportaciones como desapariciones forzadas, mientras el acuerdo entre ambos países permanece clasificado y bajo creciente escrutinio internacional.