Un juez federal en el Distrito de Massachusetts emitió este jueves una orden preliminar que impide al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) acceder a datos tributarios confidenciales para localizar a inmigrantes en Estados Unidos.

La medida busca garantizar que la información del Servicio de Impuestos Internos (IRS), como direcciones y otros datos personales de contribuyentes, no se utilice con fines migratorios mientras se desarrolla un litigio clave.

El magistrado explicó que la legislación estadounidense establece límites estrictos sobre la divulgación de información fiscal y que las excepciones existentes no permiten su uso generalizado para investigaciones de inmigración.

Según el juez, el caso refleja un conflicto central entre la aplicación de la ley y las garantías de confidencialidad de los contribuyentes.

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Preocupación de organizaciones comunitarias y de derechos civiles

Varias organizaciones comunitarias y de derechos civiles fueron las responsables de presentar la demanda.

Los demandantes advirtieron que el uso de datos fiscales con fines migratorios podría disuadir a millones de personas de cumplir con sus obligaciones tributarias por temor a represalias.

Esto, según argumentan, afectaría la confianza pública en el sistema fiscal y pondría en riesgo la recaudación federal.

Medida provisional mientras continúa el litigio

Aunque la orden tiene carácter provisional y no resuelve el fondo del caso, permanecerá vigente mientras se lleva a cabo el proceso judicial.

El Gobierno federal defendió la legalidad de los acuerdos de intercambio de información entre agencias, pero el tribunal determinó que los demandantes demostraron un riesgo suficiente de daño irreparable, justificando la medida cautelar.

Implicaciones para la comunidad inmigrante

La decisión representa un respaldo a la privacidad de los contribuyentes y a la protección de datos sensibles frente a su uso para fines migratorios.

Expertos señalan que esta medida podría influir en la manera en que las agencias federales comparten información y marcar un precedente en la protección de los derechos de las personas frente a la recopilación de datos gubernamentales.

Con esta orden, la corte subraya la necesidad de equilibrar la seguridad nacional con la confidencialidad fiscal, mientras el litigio continúa y se analiza el alcance de las facultades de ICE para acceder a información sensible de contribuyentes estadounidenses.

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