El Gobierno de Estados Unidos publicó este martes una nueva lista de jurisdicciones calificadas como «santuarios» de migrantes. Según el Departamento de Justicia, estos gobiernos locales y estatales limitan la colaboración con agentes federales de inmigración, lo que obstaculiza la aplicación de la ley.

La actualización incluye doce estados, el Distrito de Columbia, cuatro condados y 18 ciudades que han adoptado normativas que restringen la cooperación con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Entre ellos aparece California con varias ciudades, aunque esta vez no se incluyó el condado de Los Ángeles, a diferencia de la lista anterior.

La fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, afirmó que «las políticas santuario obstaculizan la aplicación de la ley y ponen en riesgo a los ciudadanos estadounidenses», en un comunicado oficial donde se publicó la lista.

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¿Por qué el Gobierno apunta a estas jurisdicciones?

El Departamento de Justicia ha presentado demandas contra estas localidades para exigir el cumplimiento de la ley federal. Entre ellas, destaca una contra la ciudad de Nueva York, interpuesta el 24 de julio pasado.

Además, recientes acuerdos como el alcanzado con el alcalde de Louisville (Kentucky), quien revocó una normativa que limitaba la notificación al ICE sobre la liberación de indocumentados, evidencian la presión federal para modificar las políticas locales.

Según la agencia Medios Internacionales, estas jurisdicciones santuario han justificado sus medidas principalmente por «escasez de fondos para ayudar a los agentes de ICE con sus arrestos».

Antecedentes de la política de Trump sobre ciudades santuario

Esta no es la primera vez que la administración Trump intenta presionar a las ciudades santuario.

Durante su primer mandato, congeló fondos federales a estos gobiernos, pero enfrentó múltiples desafíos legales que limitaron su efectividad.

La nueva lista reemplaza a un registro previo retirado tras polémicas como la inclusión errónea de Huntington Beach (California), cuya alcaldía aseguró colaborar plenamente con las agencias federales y calificó la inclusión como «negligencia».

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