Una nueva etapa en la lucha contra el narcotráfico se abre bajo el liderazgo de Donald Trump, quien firmó en secreto una orden ejecutiva que autoriza al Pentágono a preparar operaciones militares contra cárteles de droga en Latinoamérica, según reveló una investigación publicada por The New York Times.

La directiva, calificada como la más agresiva en esta línea hasta la fecha, permitirá que fuerzas armadas estadounidenses actúen más allá de sus fronteras, incluso en mar y tierra extranjeras, contra grupos que la administración Trump ha designado como organizaciones terroristas extranjeras.

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Con esta medida, Trump traslada a las Fuerzas Armadas una responsabilidad que históricamente ha recaído en cuerpos policiales, justificando la decisión como una defensa directa del territorio estadounidense ante la crisis provocada por el tráfico de fentanilo y otras drogas.

Aunque todavía no se han hecho públicos los planes concretos del Pentágono, funcionarios que conocen las deliberaciones aseguraron al NYT que ya se han comenzado a diseñar posibles escenarios de intervención. El despliegue de tropas en tierra extranjera, sin embargo, plantea complejas interrogantes legales y constitucionales, especialmente sobre el uso de fuerza letal fuera de un conflicto armado autorizado por el Congreso.

En febrero, el Departamento de Estado —siguiendo la línea impuesta por Trump desde su retorno a la Casa Blanca— designó al Tren de Aragua, la MS-13 y otros grupos como entidades terroristas, alegando que su capacidad de desestabilización va más allá del crimen organizado tradicional.

Más recientemente, se sumó a esa lista el Cártel de los Soles, supuestamente dirigido por el presidente venezolano Nicolás Maduro, sobre quien EE. UU. ha duplicado la recompensa por su captura, elevándola a 50 millones de dólares.

La administración Trump también ha intensificado la vigilancia en la frontera con México y ha reactivado programas encubiertos con drones para localizar laboratorios de droga. Aunque no se ha autorizado el uso letal de estos dispositivos, la información recopilada se está compartiendo con autoridades mexicanas.

A través de este giro estratégico, el expresidente busca consolidar su narrativa de “mano dura” contra el crimen transnacional, una bandera que ha impulsado desde su primera campaña y que ahora retoma con mayor fuerza de cara a su segundo mandato.

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Sin embargo, expertos en derecho internacional advierten que el uso directo de fuerza militar sin el consentimiento de los gobiernos afectados —como el de México o Venezuela— podría constituir una violación al derecho internacional. A nivel interno, la medida también podría entrar en conflicto con leyes estadounidenses que limitan la participación del Ejército en funciones policiales.

Con la directiva ya firmada, el desafío ahora será establecer los límites legales y operativos de una estrategia que marca un punto de inflexión en la política exterior y de seguridad nacional de Estados Unidos.