El Gobierno del presidente Donald Trump decidió revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) otorgado a ciudadanos venezolanos en 2021, dejando al borde de la deportación a cerca de 250.000 personas.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó que no extenderá la protección que expirará el próximo 10 de septiembre, medida implementada originalmente durante la Administración de Joe Biden.

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El TPS permite a los beneficiarios trabajar legalmente y les protege de ser deportados mientras dure el estatus. Sin embargo, el DHS justificó su decisión argumentando que las condiciones en Venezuela ya no cumplen con los criterios legales para mantener la protección y que continuarla afecta los intereses nacionales.

Gobierno alega impacto en migración irregular

Matthew Tragesser, portavoz del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), señaló que Venezuela ha tenido un papel significativo en la migración irregular hacia Estados Unidos y que el TPS funcionó como un “efecto imán” que incentivó los cruces no autorizados.

“Mantener o ampliar el TPS para los ciudadanos venezolanos socava los esfuerzos de la Administración Trump para asegurar la frontera sur”, afirmó.

Conflicto legal y apelaciones en curso

La decisión se produce luego de que el Tribunal del Noveno Circuito de Apelaciones de EE. UU. ratificara recientemente que la terminación del TPS para 600.000 venezolanos es ilegal.

La demanda, presentada por la Alianza Nacional TPS y representantes legales, busca proteger tanto a los beneficiarios de 2021, afectados por la medida de hoy, como a los que recibieron la extensión en 2023.

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El fallo del panel de tres jueces reconoce que la cancelación del TPS implica riesgos graves para los inmigrantes, incluyendo pérdida de empleo, separación familiar y deportación, según la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU).

El juez Edward Chen del Tribunal de Distrito Norte de California podría emitir una resolución en los próximos días que congele la decisión del Gobierno Trump.