La controversia migratoria vuelve a ocupar el centro del escenario político en Estados Unidos. Con su llegada a la Casa Blanca el próximo 20 de enero, Donald Trump reafirmó su compromiso de implementar medidas contundentes para reformar el sistema migratorio, generando un intenso debate sobre los derechos constitucionales y las implicaciones humanas de sus propuestas.

Sin revelar todos los detalles de su plan, el presidente electo sugirió que buscaría limitar el derecho de ciudadanía por nacimiento, un principio consagrado en la 14ª Enmienda de la Constitución.

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Este enfoque ha despertado alarma entre activistas, juristas y comunidades migrantes, quienes ven en esta medida un ataque directo a las bases legales del país.

En una reciente entrevista en Meet the Press, Trump reafirmó su promesa de ejecutar deportaciones masivas de migrantes indocumentados, una de las piedras angulares de su discurso de campaña.

Pero lo que ha generado mayor controversia es su intención de extender estas medidas a los hijos de migrantes nacidos en Estados Unidos, eliminando su derecho a la ciudadanía por nacimiento.

“Se tiene que hacer”, declaró Donald Trump sin titubeos al ser cuestionado sobre su postura.

Aunque el principio de ciudadanía por nacimiento es considerado inamovible por muchos expertos legales, Trump sugirió que podría alterarlo mediante una acción ejecutiva, una afirmación que ha generado escepticismo entre analistas y políticos de ambos partidos.

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La posible implementación de estas políticas no solo enfrenta desafíos constitucionales, sino que también podría profundizar la división social en el país.

Mientras tanto, la incertidumbre crece entre las comunidades migrantes, quienes se preparan para enfrentar un panorama incierto bajo la nueva administración.