Una jueza federal solicitó al Gobierno de Estados Unidos que aclare si la orden ejecutiva del expresidente, Donald Trump, permitiría deportar a bebés nacidos en el país, antes de que entre en vigor.

La jueza Deborah Boardman, del estado de Maryland, pidió al Departamento de Justicia que le informe por escrito si la administración considera posible aplicar el decreto presidencial antes de su entrada en vigor.

Durante una audiencia realizada el lunes 30 de junio , Boardman declaró: “Quiero saber si el gobierno cree que puede comenzar a deportar niños de Estados Unidos que están sujetos a los términos de la orden ejecutiva y que no son los demandantes ni miembros de las organizaciones demandantes”.

También ordenó que se le notifique “antes del mediodía del martes” la postura oficial del Ejecutivo sobre “lo que puede y no puede hacer bajo el decreto de acuerdo con la decisión de la Corte Suprema”.

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¿Qué decidió la Corte Suprema y qué genera dudas?

El fallo de la Corte Suprema, suspendió por 30 días una parte clave del decreto de Trump. La medida limita la posibilidad de que los tribunales inferiores bloqueen de forma amplia las órdenes del Ejecutivo.

A pesar de esa suspensión, la jueza mostró preocupación por el uso de otras disposiciones del decreto antes del 26 de julio.

Por ello cuestionó al abogado del Departamento de Justicia, Brad Rosenberg, quien afirmó: “Mi entendimiento es que el decreto no estará en vigor durante 30 días”.

Boardman respondió: “No sé qué hará o no hará EE.UU. respecto a los niños bajo el decreto después del 26 de julio. Estoy tratando de averiguar cuál es la postura del Gobierno ahora y si el Gobierno intentará aplicar el decreto entre hoy y el 26 de julio”.

¿Quiénes presentaron la demanda y qué piden?

La demanda fue presentada por dos organizaciones defensoras de inmigrantes y varias mujeres embarazadas. Los demandantes temen que el decreto afecte a más personas de las contempladas originalmente, por lo que solicitaron una orden de emergencia para detenerlo.

También presentaron el caso como una demanda colectiva para proteger a una mayor cantidad de posibles afectados. El Departamento de Justicia anunció que planea oponerse y presentará argumentos legales por escrito.

¿Qué postura mantiene el Gobierno sobre las demandas colectivas?

Durante los argumentos en la Corte Suprema, el procurador general D. John Sauer fue consultado sobre si el Gobierno permitiría que el caso continúe como demanda colectiva.

“Nuestra posición es que (la certificación de clase) es la vía por la que deben canalizarse este tipo de reclamos”, subrayó John Sauer

Al ser presionado por el juez Brett Kavanaugh, Sauer agregó: “No concedo que no nos opondríamos a la certificación de la clase en este caso en particular. Puede haber argumentos de que este caso es o no apropiado para la certificación de clase”.

¿Qué pasará con el decreto?

La orden ejecutiva de Trump sobre ciudadanía por nacimiento permanece suspendida hasta el 26 de julio. A partir de esa fecha, el Gobierno podría aplicarla si no hay una nueva decisión judicial que la impida.

Mientras tanto, la jueza Boardman espera la respuesta del Departamento de Justicia sobre si planea tomar acciones antes de que termine el plazo fijado por la Corte Suprema.

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— Once Noticias (@11_Noticias) July 1, 2025

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