Una coalición de organizaciones defensoras del derecho al voto presentó una demanda contra el gobierno de Donald Trump, impugnando la reciente orden ejecutiva firmada por el presidente, que establece la exigencia de prueba documental de ciudadanía para registrarse en las elecciones federales. La demanda, presentada en un tribunal federal del Distrito de Columbia, argumenta que esta medida es inconstitucional y que invierte el poder otorgado a los estados por la ley y el Congreso.

Según los demandantes, la nueva normativa, que obliga a los votantes a proporcionar documentos como pasaportes o identificaciones oficiales para poder votar, afectará a millones de ciudadanos, particularmente a aquellos de bajos recursos y pertenecientes a minorías.

Lea También: Cristhian Duarte responde acusaciones de Salvador Nasralla sobre presupuesto de elecciones primarias

La orden de Trump es vista como una amenaza a la democracia y a los derechos electorales

Las organizaciones subrayan que esta orden se basa en una narrativa falsa y racializada, promovida por Trump, quien ha insistido en que existió fraude electoral en las elecciones de 2020, sin presentar pruebas de sus afirmaciones.

Además de la prueba de ciudadanía, la orden también impone restricciones al conteo de votos por correo, limitando la recepción de boletas enviadas después del día de las elecciones, lo que afectaría a estados como California, que permite contar los votos hasta varios días después. Los demandantes argumentan que esta medida trastorna los procedimientos establecidos por cada estado para garantizar una votación accesible y justa.

El gobierno de Trump ha respondido diciendo que la orden busca garantizar la integridad electoral, pero los opositores a la medida consideran que representa una intromisión inconstitucional en los procesos electorales gestionados por los estados, la demanda destaca la importancia de respetar la soberanía estatal y la separación de poderes, asegurando que la medida de Trump amenaza con socavar la democracia estadounidense.

Este litigio se suma a otras acciones legales presentadas por fiscales, políticos y grupos en defensa de los derechos de los votantes, todos coinciden en que la orden es una violación de los derechos fundamentales y un intento de restringir el acceso al voto de una parte significativa de la población estadounidense.