La Corte Suprema de Estados Unidos falló este viernes (20/02/26) que los aranceles impuestos por la administración de Donald Trump violan la ley federal, marcando un cambio significativa para la agenda económica y de política exterior del presidente.

La decisión, adoptada por seis votos a favor y tres en contra, cuestiona la legalidad de los gravámenes que afectaron a socios comerciales como China, México y Canadá.

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En la opinión mayoritaria, redactada por el presidente del tribunal, John Roberts, se señaló que Trump se atribuyó “la facultad extraordinaria de imponer unilateralmente aranceles de monto, duración y alcance ilimitados” sin contar con la autorización clara del Congreso. “Cuando el Congreso otorga la facultad de imponer aranceles, lo hace de forma clara y con restricciones rigurosas. No hizo ninguna de las dos cosas en este caso”, escribió Roberts.

La sentencia pone fin al argumento de la Casa Blanca de que el presidente podía basarse en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de la década de 1970 para imponer gravámenes de emergencia. Según los jueces, esa ley no faculta al ejecutivo a establecer aranceles de manera indefinida. Acompañaron a Roberts en la decisión los jueces Amy Coney Barrett, Neil Gorsuch y los tres miembros progresistas de la corte, mientras que Clarence Thomas, Samuel Alito y Brett Kavanaugh disintieron.

#ÚLTIMAHORA | El Tribunal Supremo de EE.UU. declara ilegales los aranceles impuestos por Trump. pic.twitter.com/6T5uMn6vZb

— EFE Noticias (@EFEnoticias) February 20, 2026

A pesar del fallo, la Corte no aclaró qué ocurrirá con los aproximadamente 134.000 millones de dólares recaudados hasta diciembre de 2025 a través de estos aranceles. Gran parte de este costo —casi el 90 % según la Reserva Federal de Nueva York— ha sido asumido por consumidores y empresas estadounidenses, lo que complica cualquier proceso de devolución. Kavanaugh advirtió que dicho reembolso podría ser “un desastre” para la economía del país.

Los aranceles cuestionados incluían gravámenes “recíprocos” que llegaron hasta un 145 % sobre productos chinos y hasta un 50 % para otros socios comerciales clave como India y Brasil. La medida se basaba en la intención de proteger la economía estadounidense y fortalecer la posición negociadora de Trump, pero la justicia determinó que la autoridad presidencial no puede reemplazar la supervisión del Congreso en asuntos económicos de tal magnitud.

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El fallo confirma la tendencia de la Corte Suprema a limitar acciones ejecutivas sin autorización legislativa explícita, siguiendo precedentes recientes sobre préstamos estudiantiles y medidas durante la pandemia de COVID-19. Aunque Trump contaba con otras facultades para imponer aranceles bajo condiciones más restringidas, estas no habrían permitido su estrategia intermitente de ajustar barreras comerciales según su conveniencia.