La Cámara Federal de Casación Penal confirmó este miércoles la sentencia de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien se encontró culpable de administración fraudulenta en la Causa Vialidad.

Este fallo en contra de Cristina Kirchner, que responde a una investigación de presuntos desvíos de fondos en obras públicas adjudicadas a Lázaro Báez en Santa Cruz entre 2003 y 2015, aún podría ser revisado por la Corte Suprema de Justicia, instancia que definirá la efectividad de la condena.

Lea También: Riña en cárcel de Ecuador deja al menos 15 muertos, primera masacre bajo gobierno de Daniel Noboa

Además de la pena contra Kirchner, la Cámara ratificó el decomiso de unos 84.000 millones de pesos entre todos los condenados. Sin embargo, esta medida también queda pendiente hasta que la Corte emita su resolución final.

Más involucrados en el caso:

El fallo de Casación, que cuenta con más de 1.600 páginas, también confirmó las penas de otros involucrados, como el empresario Lázaro Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López, y el ex director de Vialidad Nacional, Nelson Periotti, todos con seis años de prisión.

Pese a esto, Casación desestimó añadir el delito de asociación ilícita a la condena de Kirchner, aunque el juez Gustavo Hornos emitió su voto a favor de esa figura.

La lectura de la sentencia se llevó a cabo en Comodoro Py, donde los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña respaldaron la condena original.

La defensa de Kirchner ahora tiene diez días hábiles para apelar ante la Corte Suprema, a la cual han acusado de utilizar el proceso como una herramienta de proscripción política.

Lea También: Fernando del Rincón rompe el silencio y revela por qué se alejó de las redes sociales y la TV

Durante la investigación, se analizaron 51 licitaciones públicas supuestamente manipuladas para beneficiar a empresas vinculadas a Báez.

El fallo menciona que un decreto firmado por Kirchner en 2009 consolidó este esquema de adjudicaciones irregulares, causando un impacto económico significativo en el presupuesto público.

La causa sigue siendo objeto de controversia, y sus implicaciones legales y políticas han generado amplios debates en el país, mientras la Corte Suprema se prepara para la posible última revisión de la sentencia.

Cristina Kirchner