La población sin hogar en Estados Unidos sigue en aumento a mitad de 2025, y las cifras preliminares sugieren que el número de personas sin acceso a vivienda podría superar los niveles récord registrados en 2024, cuando el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) reportó más de 770.000 personas sin hogar.

Este fenómeno ha generado, por un lado, debate nacional y, por otro, acciones del gobierno federal; entre estas, destacan las medidas impulsadas por el presidente Donald Trump.

¿Qué medidas anunció el presidente?

El 24 de julio, Trump firmó una orden ejecutiva con el objetivo de “acabar con la delincuencia y el desorden en las calles estadounidenses”. La disposición autoriza el despliegue de la Guardia Nacional en Washington D.C., refuerza patrullajes con agentes del FBI y contempla la detención de personas sin hogar, trasladándolas a centros de estancia prolongada.

“Las personas sin hogar tienen que marcharse de inmediato. Les daremos un lugar en el que quedarse, pero lejos de la capital”, publicó Trump en TruthSocial. Agregó que “los criminales no tienen que mudarse. Los vamos a meter a la cárcel, que es donde deberían estar”.

Además, el mandatario instruyó a la fiscal general, Pam Bondi, a revocar precedentes judiciales que limitan la reubicación forzosa y a priorizar fondos para estados y ciudades que prohíban el consumo abierto de drogas, el campamento urbano y el merodeo.

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¿Cuál es el panorama actual?

Aunque los datos oficiales de HUD corresponden al conteo de enero de 2024, expertos y organizaciones que monitorean la situación indican que la tendencia al aumento continúa en 2025.

El recuento anterior reveló un incremento del 18% respecto a 2023, con un crecimiento especialmente pronunciado en familias con hijos (40%) y casi 150.000 menores sin hogar.

Por otra parte, las organizaciones atribuyen el aumento a la crisis nacional de vivienda, la finalización de ayudas por la pandemia, el incremento de migrantes solicitantes de asilo y la falta de alquileres asequibles. En comunidades con alta recepción de inmigrantes, la cantidad de familias sin hogar se duplicó.

Causas estructurales

La National Alliance to End Homelessness advierte que el fenómeno es “estructural y multifactorial”, relacionado con la escasez de vivienda asequible, la brecha entre ingresos y costos de alquiler, el acceso limitado a salud y servicios sociales, y la discriminación sistémica.

“Las políticas discriminatorias históricas y actuales continúan dando forma a quién tiene acceso a recursos y oportunidades”, señaló la organización.

Según la National Low Income Housing Coalition, un trabajador con salario mínimo debe laborar unas 104 horas a la semana para pagar un alquiler de un dormitorio a precio de mercado.

La entidad calcula que faltan 7,1 millones de viviendas asequibles para los hogares de ingresos extremadamente bajos.

La National Alliance to End Homelessness advierte que la problemática es “estructural y multifactorial”, relacionada con la escasez de vivienda asequible, la brecha entre ingresos y costos de alquiler, el acceso limitado a salud y servicios sociales, y la discriminación sistémica.

“Las políticas discriminatorias históricas y actuales continúan dando forma a quién tiene acceso a recursos y oportunidades”, señaló la organización.

Por su parte, la National Low Income Housing Coalition calcula que un trabajador con salario mínimo debe laborar unas 104 horas a la semana para pagar un alquiler de un dormitorio a precio de mercado, y estima que faltan 7,1 millones de viviendas asequibles para hogares de ingresos extremadamente bajos.

Reacciones de expertos

Margot Kushel, directora del Benioff Homelessness and Housing Initiative de la Universidad de California San Francisco, afirmó que la orden ejecutiva de Trump ofrece un retrato “excesivamente simplista y distorsionado” del problema.

“La crisis actual está enraizada en la enorme escasez de vivienda para personas que llevan demasiado tiempo en situaciones extremas”, indicó. Añadió que la falta de acceso a servicios sociales y de salud repercute directamente en la estabilidad financiera de los ciudadanos.

Por su parte, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) advirtió que, además, las nuevas disposiciones federales podrían aumentar la criminalización de las personas sin hogar; asimismo, generarían riesgos de vigilancia y posibles violaciones a la privacidad.

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