Pese a señales recientes de una posible flexibilización, las redadas migratorias en Estados Unidos seguirán llevándose a cabo sin distinción sectorial, afectando incluso a industrias que habían sido consideradas para una posible exención, como la agrícola, hotelera y de restauración.

Así lo confirmaron fuentes citadas por The Washington Post, que revelaron que el Departamento de Seguridad Nacional ha revertido directrices que antes limitaban estos operativos en sectores críticos.

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Funcionarios del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) instruyeron recientemente a sus agentes para continuar con los arrestos de trabajadores indocumentados, incluso en granjas y negocios del sector servicios, pese a las declaraciones del presidente Donald Trump, que había dejado entrever una flexibilización de la política en respuesta a presiones del sector empresarial.

El jueves pasado, Trump reconoció que productores agrícolas y empresarios del turismo le habían manifestado su preocupación por la pérdida de trabajadores esenciales. “Nos están quitando trabajadores valiosos y difíciles de reemplazar”, escribió. La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, habría trasladado al presidente el malestar del sector, lo que llevó incluso a una pausa temporal en las redadas, confirmada a la prensa por autoridades del ICE.

Sin embargo, la pausa fue breve. El viernes, un alto funcionario del ICE ordenó retomar las operaciones en todos los sectores, contradiciendo directamente el mensaje presidencial. La decisión habría sido impulsada, según activistas, por figuras clave dentro del ala dura del gobierno, como Stephen Miller, asesor y arquitecto de la política migratoria de Trump.

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“El mensaje es claro: no hay excepciones”, denunció Aaron Reichlin-Melnick, del American Immigration Council, quien alertó sobre la presión para alcanzar una cuota de hasta 3.000 arrestos diarios. Así, la aparente apertura del gobierno para aliviar a ciertos sectores laborales ha quedado en entredicho, mientras las redadas continúan afectando indiscriminadamente a miles de trabajadores sin estatus legal en Estados Unidos.