Por unanimidad de votos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), declaró a Honduras responsable internacionalmente por la destitución arbitraria de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en 2012.
La resolución del caso de Gutiérrez Navas y otros Vs. Honduras, terminó con el Estado acusado por violación a las garantías judiciales, los principios de legalidad e independencia judicial, así como los derechos políticos, a la protección judicial.
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¿Quiénes fueron los magistrados destituidos?
José Antonio Gutiérrez Navas.
José Francisco Ruiz Gaekel.
Gustavo Enrique Bustillo Palma.
Rosalinda Cruz Sequeira.
Durante el 2012, el Congreso Nacional, resolvió separar de los cargos a los magistrados, luego que tres fallos de inconstitucionalidad emitidos por la sala fueran criticados públicamente por el entonces presidente, Porfirio Lobo Sosa.
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“La destitución fue aprobada por la mayoría del Congreso en una sesión que se desarrolló mientras el edificio del poder legislativo se encontraba rodeado por miembros de las Fuerzas militares y policiales”, señala el escrito.
La Corte Interamericana, logró determinar que los magistrados fueron destituidos por autoridades que ‘carecían de competencia’, derivando en la ‘violación de la garantía de la independencia judicial’.
En consecuencia, el IDH concluyó que ‘el Estado es responsable por la violación del derecho a la protección judicial de las víctimas puesto que el recurso de amparo interpuesto por ellas no constituyó un recurso efectivo’.
¿Qué deberá hacer el Estado de Honduras?
- Pagar una indemnización compensatoria a las víctimas.
- Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad.
- Optar medidas legislativas y de otro carácter necesarias para adecuar el ordenamiento jurídico interno a los estándares establecidos en la Sentencia respecto de la estabilidad e inamovilidad en el cargo de quienes ejercen la función judicial.
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Reacciones
El Poder Judicial de Honduras mostró su ‘plena voluntad’ tras conocer la cupabilidad del Estado de Honduras, por la destitución arbitaria de los magistrados.
«Recalcamos que esta sentencia es un precedente importante para la función judicial y el fortalecimiento de la Institucionalidad democrática», escribió la presidenta del CSJ, Rebeca Ráquel Obando.
«Condenados a pagar reparaciones a las víctimas. Estos actos si son vergonzosos, en ese momento muchos fueron cómplices silenciosos«, manifestó el canciller de la República, Enrique Reina.
«Es tarea de la PGR y del MP proceder por la vía civil y criminal, respectivamente, para deducir las pertinentes responsabilidades contra los autores de este acto criminal«, señaló Edmundo Orellana.
📌Aquí el comunicado oficial del IDH:
Licenciada en Periodismo (UNAH).
Reportera de los informativos de Canal 11.
Redactora de Once Noticias Digital.
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