Dos investigaciones expuestas por el Banco Mundial (BM) en colaboración con el Servicio de Administración de Rentas de Honduras (SAR), revelaron la grave acumulación de ingresos en los millonarios del país; durante el 2019 las 10,000 personas más ricas recibieron el 20% de todo el ingreso nacional, mientras la pobreza aumentó llegando al 59.3% de la población, según datos del INE.
Los hallazgos presentados por expertos del BM, evidencian que las empresas en regímenes de exoneración tienen un desempeño económico parecido al de empresas no exoneradas, lo que podría indicar el fracaso de los incentivos para atraer inversión extranjera de calidad y el otorgamiento de un subsidio en exoneraciones a empresas que no brindan mayor valor agregado a la economía nacional.
Los datos expuestos en los estudios denominados Dos décadas de participación de los ingresos más altos en Honduras y Redes de empresas en los regímenes de exoneraciones a la exportación, sitúan a Honduras entre los países con mayor desigualdad en el mundo, revelando que en 2019 el 1% de los individuos con mayores ingresos percibió aproximadamente el 30% del ingreso total, y que el 0.1% de los más ricos concentró alrededor del 20%.
Estos informes demuestran que las empresas exoneradas no compiten de manera justa con las no exoneradas, pues inicialmente regímenes como ZOLI, creado en 1976, fueron pensados para ser exclusivamente dedicados a la exportación, situación que fue modificada en el año 2013 permitiéndoles vender el 50% o más de su producto en el mercado local, situación que coloca a la pequeña y mediana empresa en una enorme desventaja y genera distorsiones en la economía nacional, cita el estudio.
Los resultados revelan que los regímenes de exoneraciones no han sido suficientemente selectivos con las empresas favorecidas, dando mayores plazos de vigencia a las ventajas fiscales y mostrando menor rigurosidad en el control sugerido para un manejo transparente según estándares internacionales. Además, cuestionan la productividad y los beneficios reales que ofrecen estos estímulos tributarios frente a los costos que generan, pues solo en 2021 se reclamaron por parte de las empresas exoneradas, alrededor de 7,000 millones de lempiras en créditos por impuestos sobre la venta, monto que representa el 1% del PIB nacional y que es 50 veces mayor al de sociedades no beneficiadas con incentivos.
Un tercer estudio identificó a 178 hondureños con altos ingresos con empresas en paraísos fiscales. El 70% de estos elusores se encuentran en las Islas Vírgenes Británicas y el 7% en Panamá. Este estudio subraya la necesidad de establecer mecanismos formales y regulares para el intercambio de información entre jurisdicciones, especialmente en países en desarrollo que tienen acceso limitado a datos sobre la propiedad transfronteriza.
Los alarmantes resultados de ambos estudios refuerzan las denuncias de las autoridades del SAR en las que se evidencia cómo las 10 familias más poderosas del país acumularon grandes sumas de capital mediante mecanismos corruptos y exoneraciones fiscales, alertando que sus activos pasaron de 410,270 millones de lempiras en 2018 a 619,753 millones de lempiras en 2022, este es un crecimiento promedio del 10% anual, mientras la economía hondureña creció apenas a tasa que no superan el 4%.
Mientras la pobreza en el país se disparó casi un 10% durante la pandemia, las fortunas de estas familias aumentaron un 9% en relación con el PIB. Esta deplorable desigualdad es la razón por la cual el actual gobierno ha propuesto reformas contundentes, como la “Ley de Justicia Tributaria”, destinada a reducir drásticamente la brecha de desigualdad y combatir la pobreza, agravada de manera escandalosa en la última década.
