El Poder Ejecutivo presentó este jueves a las jefaturas de fracción de la Asamblea Legislativa, una nueva versión del proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, el cual es el producto de un proceso de consultas entre diversos actores políticos.
Este nuevo borrador cuenta con un capítulo para darle un tratamiento homogéneo al gravamen sobre las ganancias de capital en el Impuesto sobre la Renta, crea el Impuesto al Valor Agregado (el cual se propone que quede en un 13%), introduce la nueva Regla Fiscal y varias iniciativas que ordenan aspectos relacionados con el empleo público.
Con respecto a los cambios propuestos para los salarios públicos, este nuevo texto, elimina el sistema de remuneración de salarios único para jerarcas, el cual se proponía bajo el expediente 19.977 y mantiene el tope a los mayores salarios de la Administración Pública (expedientes 19.883 y 19.156) y la conversión de la anualidad en un mecanismo de evaluación de la excelencia individual (19.787).
El ministro interino de Hacienda, Fernando Rodríguez, manifestó la importancia que tiene este proyecto para evitar que aumente el problema fiscal que afronta el país.
“Hacemos un respetuoso llamado a las fuerzas políticas nacionales a considerar esta propuesta, construida sobre la base de la búsqueda del mayor grado de consenso, a fin de empezar a resolver la complicada situación fiscal que atraviesa el país. Los frutos de esta discusión se empezarán a ver hasta la segunda mitad del próximo año, por lo que es fundamental que las decisiones se tomen a la mayor brevedad posible, para evitar que la problemática fiscal se agudice”, señaló Rodríguez.
Sobre el proyecto
- Impuesto sobre la Renta: Se agrega un capítulo de “Rentas del Capital y Ganancias y Pérdidas de Capital”, para regular todo lo relativo a los ingresos generados por las rentas pasivas del capital y darle un tratamiento más homogéneo.
- Impuesto sobre el valor agrega (IVA): El IVA propone la ampliación de la base de contribuyentes, el aumento de la tasa imponible y el pasar de un criterio de deducción de créditos bastante limitado, a otro de deducción financiera plena. En este, quien cobra el impuesto deduciría el IVA que pagó a sus proveedores, que a su vez deducirían el que pagaron y así sucesivamente en toda la cadena productiva. Este impuesto sería de un 13%. Esto promovería la mejora de la competitividad de los productos locales, al evitar que impuestos se carguen al costo de producción, y mejoraría el control cruzado del cobro de los impuestos, toda vez que quien vende debe asegurarse de poder demostrar lo que le pagó a sus proveedores.
- Responsabilidad fiscal: Esta regla fiscal se rige de varios principios, entre ellos: 1) busca salvaguardar el crecimiento económico y la inversión pública, pues solo se regula el crecimiento del gasto corriente; 2) gradualidad en la implementación para evitar recortes abruptos en el gasto; 3) integralidad pues debe complementarse con la reforma tributaria; y 4) la credibilidad de la propuesta, pues se requiere de la disciplina fiscal de todos los actores que administran fondos públicos para que la regla fiscal sea exitosa. El proyecto de ley propone una regla fiscal que desacelera el crecimiento del gasto corriente, según la relación deuda del Gobierno Central-PIB. Se utilizaría este parámetro por cuanto la deuda del Gobierno Central, a través de los años, se ha originado principalmente por el crecimiento del gasto corriente por encima de los ingresos corrientes. Esta situación ha provocado que el Gobierno tenga que emitir deuda para cubrir la brecha. La regla fiscal está diseñada para que a medida que la deuda/PIB aumenta, la restricción de crecimiento del gasto corriente sea mayor. Por el contrario, a un nivel de deuda considerado como sostenible en el mediano y largo plazo, el gasto corriente podrá aumentar al mismo ritmo de crecimiento del PIB.
- Adición a la ley de salrios públicos: Con la reforma a la ley de salarios públicos se busca orientar las remuneraciones de la función pública hacia un esquema de eficiencia y calidad en el gasto público. Para ello se establece: topes a los mayores salarios de la Administración Pública (expedientes 19.883 y 19.156); la regulación legal de los regímenes de prohibición y dedicación exclusiva (expediente 20.349) y la conversión de la anualidad en un mecanismo de evaluación de la excelencia individual (19.787), pero que tenga en cuenta el cumplimiento de las metas institucionales y del Plan Nacional de Desarrollo.
¿Usted qué opina?