Los centros educativos privados de Tegucigalpa y San Pedro Sula se han convertido en un nuevo objetivo de las estructuras criminales dedicadas a la extorsión, una situación que genera preocupación entre las autoridades del sector educativo debido al impacto económico y de seguridad que representa para las instituciones en Honduras.

La alerta fue confirmada por el representante de las escuelas privadas, Carlos Sabillón, quien informó que varios colegios han denunciado ser víctimas de cobros extorsivos, conocidos popularmente como el «impuesto de guerra».

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Ya no solo afecta comercio y transporte

Según explicó, los delincuentes buscan obtener parte de los ingresos que los centros reciben por concepto de matrículas y mensualidades, ampliando así el alcance de un delito que durante años afectó principalmente al transporte público, comerciantes y pequeños negocios.

Sabillón señaló que este fenómeno evidencia cómo las organizaciones criminales han diversificado sus objetivos, dirigiéndose ahora hacia instituciones cuya función principal es la formación académica de niños y jóvenes. Aunque los delincuentes no buscan afectar directamente la infraestructura escolar, sí intentan obtener beneficios económicos mediante amenazas dirigidas a los administradores de los colegios.

La problemática no solo repercute en las finanzas de los centros educativos, sino también en la estabilidad de su funcionamiento. Los recursos que podrían destinarse a mejoras académicas, mantenimiento o fortalecimiento de los servicios terminan siendo utilizados para responder a las exigencias de grupos delictivos o para implementar medidas adicionales de seguridad que protejan a estudiantes, docentes y personal administrativo.

El representante del sector también advirtió que el transporte escolar figura entre los blancos de la extorsión. Explicó que las unidades encargadas del traslado de estudiantes enfrentan riesgos similares a los que desde hace años padecen los transportistas del servicio público, lo que amplía la preocupación por la seguridad de la comunidad educativa incluso fuera de los planteles.

¿Amenaza contra estudiantes y docentes?

A pesar de este escenario, Sabillón aclaró que los colegios privados no registran, en términos generales, episodios de violencia física o amenazas directas contra docentes dentro de las instalaciones, como sí ocurre en algunos centros educativos públicos. Sin embargo, sostuvo que las llamadas intimidatorias y las amenazas de represalias representan una forma de violencia silenciosa que afecta el normal desarrollo de las actividades académicas.

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Durante su intervención, el dirigente también hizo referencia a otro desafío que enfrentan las instituciones privadas: los conflictos con algunos padres de familia que intentan desconocer los reglamentos internos. Como ejemplo, relató el caso de una madre que amenazó con presentar una denuncia ante el Ministerio Público (MP) luego de que una docente le indicara que no podía completar la matrícula de su hijo sin entregar la documentación requerida.

Para Sabillón, ambos problemas reflejan las presiones que actualmente afrontan los centros educativos. Mientras por un lado deben lidiar con organizaciones criminales que buscan obtener recursos mediante la intimidación, por otro también enfrentan situaciones que ponen a prueba la autoridad y el cumplimiento de las normas escolares, en un contexto donde garantizar un ambiente seguro para la educación se ha convertido en un reto cada vez mayor.