Un grupo de exmagistrados y exconsejeros de los organismos electorales trabaja en una propuesta de reformas a la Ley Electoral, la cual será presentada al Congreso Nacional una vez que los diputados retomen sus actividades tras el receso legislativo.

El exconsejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Germán Lobo, explicó que el equipo analiza la normativa artículo por artículo con el objetivo de plantear cambios basados en la experiencia obtenida durante el proceso electoral de 2025. Según indicó, la iniciativa busca fortalecer el sistema electoral y contribuir a mejorar la transparencia y la credibilidad de los próximos comicios.

¿Cuáles son las primeras reformas planteadas? 

Entre las principales reformas planteadas destaca que las Juntas Receptoras de Votos (JRV) dejen de ser administradas por los partidos políticos.

Lobo sostuvo que el escrutinio inicia en esas mesas y que, al estar integradas por representantes partidarios, los miembros responden a intereses políticos, situación que, a su criterio, ha provocado inconsistencias en las actas durante la transmisión y el conteo de votos.

«Consideramos que ya es tiempo que las Juntas Receptoras de Votos no sean administradas por los partidos políticos», expresó.

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Buscan elecciones más transparentes y confiables

El exconsejero afirmó que la propuesta pretende reducir las inconsistencias en las actas y generar mayor confianza en los resultados electorales.

Asimismo, señaló que el grupo está dispuesto a explicar al Congreso cada una de las reformas planteadas, con el fin de que sean consideradas durante la discusión legislativa.

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Piden respaldo de los diputados

Lobo manifestó que la aprobación de estas reformas dependerá de la voluntad política del Congreso Nacional, especialmente de las principales bancadas.

En ese sentido, hizo un llamado a los diputados para atender la demanda de distintos sectores de la sociedad que solicitan cambios en la integración de las mesas electorales y avanzar hacia un modelo que calificó como una «mesa cívica», integrada sin control partidario, para fortalecer la confianza ciudadana en los procesos electorales.

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