Más de 1,400 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado interno en Honduras
El desplazamiento forzado interno en Honduras continúa siendo una de las problemáticas humanitarias más complejas que enfrenta el país.
Aunque las denuncias registradas durante el último año muestran una disminución en comparación con el período anterior, las autoridades advierten que esta reducción no representa una mejora en las condiciones de seguridad, sino que estaría relacionada con el temor de las víctimas a denunciar.
Un informe elaborado por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) junto con la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) revela que 1,406 personas resultaron afectadas por esta situación durante 2025, mientras que cientos de familias continúan enfrentando amenazas, violencia y la necesidad de abandonar sus hogares para proteger sus vidas.
Lea También:¿En qué posición aparece Honduras? Informe lo incluye entre las crisis de desplazamiento más olvidadas
Más de 600 denuncias por desplazamiento forzado interno
El informe Desplazamiento Forzado Interno en Honduras 2025 contabiliza 676 quejas relacionadas con este fenómeno.
De ese total, el 70 % corresponde a personas que se encontraban en riesgo de desplazarse, mientras que el 30 % ya había abandonado su lugar de residencia debido a situaciones de violencia.
Aunque las denuncias disminuyeron 40.8 % respecto a 2024, el documento aclara que este descenso no debe interpretarse como una reducción del problema.
Las instituciones involucradas consideran que existen diversos factores que limitan la presentación de denuncias, entre ellos el miedo de las víctimas, la constante movilidad de quienes han sido desplazados, la desconfianza hacia las instituciones y las dificultades para acceder a mecanismos de protección.
Las amenazas siguen siendo la principal causa
La coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, Elsy Reyes, explicó que el desplazamiento forzado interno continúa siendo una de las crisis más complejas y de múltiples causas que enfrenta Honduras.
Según los datos recopilados, cuatro de cada diez denuncias están relacionadas con amenazas directas, convirtiéndose en el principal detonante del desplazamiento.
Además, estas situaciones suelen ir acompañadas de otros delitos como:
- Extorsión
- Secuestros
- Despojo de propiedades
- Violencia de género
El informe también identifica otras causas que obligan a las personas a abandonar sus comunidades:
- Tentativa de homicidio: 10 %
- Violencia doméstica: 9 %
- Asesinatos: 9 %
- Extorsión: 6 %
¿Quiénes son señalados como responsables?
Las víctimas también identificaron a los presuntos responsables de las agresiones.
El informe indica que:
- 50 % señaló a una persona conocida.
- 19 % manifestó desconocer quién era el agresor.
- 11 % responsabilizó a maras y pandillas.
- 9 % indicó a fuerzas del orden.
Estos datos reflejan la diversidad de escenarios que enfrentan las personas desplazadas y la complejidad del fenómeno en diferentes regiones del país.
Familias completas entre las principales afectadas
Uno de los aspectos que más preocupa a las autoridades es que el desplazamiento no afecta únicamente a personas de manera individual.
El informe establece que ocho de cada diez casos involucraron a familias completas, lo que incrementa el impacto social y económico de esta problemática.
Del total de personas afectadas:
- 51 % fueron mujeres.
- 49 % fueron hombres.
También se reportó la afectación de 245 niñas, niños y adolescentes, de los cuales el 67 % tenía entre 0 y 12 años, grupo considerado especialmente vulnerable frente a la violencia y al riesgo de reclutamiento forzado.
El documento además registró 19 denuncias de personas pertenecientes a pueblos indígenas y afrohondureños, así como 15 casos relacionados con personas LGBTIQ+, sectores que enfrentan riesgos adicionales derivados de la discriminación, los conflictos territoriales y diferentes formas de violencia.
Lea También:Más de 3,700 niños y adolescentes fueron víctimas de desplazamiento forzado en Honduras entre 2019 y 2024
Conadeh pide fortalecer la respuesta del Estado
La coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana recordó que Honduras cuenta desde 2023 con una legislación orientada a prevenir y atender el desplazamiento forzado interno.
No obstante, señaló que la falta del reglamento que permita su aplicación y la insuficiencia de recursos económicos continúan limitando la capacidad de respuesta de las instituciones.
Ante este panorama, hizo un llamado a la Secretaría de Derechos Humanos, en coordinación con las secretarías de Seguridad y Educación, para destinar recursos que permitan brindar asistencia humanitaria integral, alimentación, transporte y reubicaciones seguras para las personas desplazadas.
El informe evidencia que el desplazamiento forzado interno en Honduras sigue afectando a cientos de familias, pese a la reducción registrada en el número de denuncias. Las amenazas, la violencia y la falta de condiciones de protección continúan obligando a muchas personas a abandonar sus hogares en busca de seguridad.











