El presidente de Honduras, Nasry Asfura, inició una gestión diplomática ante Estados Unidos para buscar alternativas para los miles de hondureños que saldrían afectados por la posible finalización del Estatus de Protección Temporal (TPS), luego del nuevo escenario legal generado tras decisiones recientes de autoridades estadounidenses.

A través de una carta dirigida al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el mandatario hondureño solicitó apoyo para analizar mecanismos que faciliten una transición ordenada para los compatriotas que podrían perder los beneficios migratorios.

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En el documento, Asfura destacó la relación histórica entre Honduras y Estados Unidos, señalando que ambos países comparten objetivos relacionados con la seguridad, estabilidad, crecimiento económico y una migración regular, segura y organizada. El gobernante hondureño explicó que, aunque el reciente fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre el TPS corresponde a otros países y no directamente la situación de Honduras, la decisión abre un nuevo panorama jurídico que requiere fortalecer la coordinación bilateral.

“Honduras reconoce plenamente el carácter temporal del TPS y respeta las decisiones adoptadas soberanamente por las instituciones de los Estados Unidos”, expresó Asfura en la misiva, donde también insistió en la necesidad de continuar buscando soluciones mediante los canales diplomáticos y administrativos disponibles.

La solicitud del presidente ocurre después de que el gobierno hondureño anunciara una ofensiva diplomática de alto nivel tras el fallo de la Corte Suprema estadounidense que permitió avanzar con la eliminación del TPS para ciudadanos de algunos países, una medida que podría tener repercusiones para miles de familias migrantes.

Asfura argumentó que muchos hondureños beneficiarios del TPS llevan más de dos décadas viviendo en Estados Unidos, donde han trabajado, formado hogares, adquirido propiedades y aportado a la economía de ese país. Además, señaló que existen familias donde algunos integrantes son ciudadanos estadounidenses, incluidos menores de edad.

El mandatario advirtió que una cancelación sin un periodo adecuado de transición podría generar separación familiar, pérdida de empleos, interrupciones educativas y dificultades económicas tanto para los migrantes como para las autoridades de ambos países.

Por ello, pidió al secretario Rubio considerar, junto con el Departamento de Seguridad Nacional y otras instituciones competentes, un periodo adicional de transición u otro mecanismo administrativo que permita una solución organizada y humanitaria.

Entre las solicitudes planteadas, Asfura destacó la importancia de que los hondureños afectados puedan recibir orientación legal para conocer otras opciones migratorias disponibles, ordenar sus asuntos personales y prepararse, si corresponde, para un eventual retorno voluntario, seguro y digno a Honduras. Asimismo, pidió evaluar la continuidad temporal de los permisos de trabajo para evitar impactos laborales innecesarios y facilitar una coordinación efectiva entre ambos gobiernos.

«En ese contexto, solicito respetuosamente su apoyo personal y sus buenos oficios para que en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional y las demás autoridades competentes se considere un periodo adicional razonable y claramente delimitado de transición ordenada o cualquier otro mecanismo administrativo, jurídicamente disponible, que produzca efectos equivalentes», indicó.

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La administración hondureña sostiene que la prioridad es proteger a las familias migrantes y promover una solución que permita reducir los efectos sociales y económicos derivados de un posible cambio en la situación del TPS.