No se descarta que el Ministerio Público en los próximos días presente requerimientos fiscales en contra de los miembros de la comisión permanente
El Ministerio Público avanza en la investigación contra exmiembros de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, liderada en su momento por Luis Redondo, tras nuevas diligencias que buscan fortalecer el expediente con apoyo pericial.
La línea de investigación analiza posibles irregularidades durante una sesión legislativa en la que se habría solicitado al Consejo Nacional Electoral un nuevo conteo de votos y actas, pese a que el organismo ya había emitido la declaratoria oficial de resultados.
Peritaje busca robustecer el expediente
De acuerdo con especialistas consultados, la solicitud de un perito por parte del Ministerio Público y su aprobación en la Corte Suprema de Justicia refuerza la etapa de investigación.
#OnceNoticias🟡| No descartan requerimientos fiscales contra exmiembros de la Comisión Permanente que presidió Luis Redondo.
— Once Noticias (@11_Noticias) June 27, 2026
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Los expertos señalan que esta acción indica la existencia de elementos que permitirían sustentar eventuales requerimientos fiscales contra los miembros de la Comisión Permanente.
El peritaje pretende analizar evidencia documental y técnica para establecer responsabilidades individuales dentro de las decisiones adoptadas.
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Posibles delitos bajo análisis
La Fiscalía mantiene abierta una investigación por presunta comisión de varios delitos, entre ellos abuso de autoridad, violación a la Constitución de la República y deberes de los funcionarios.
Los investigadores también buscan determinar si las actuaciones legislativas podrían constituir violaciones al marco del Código Penal y la normativa electoral vigente.
Debate jurídico sobre las actuaciones
Exfiscales del Ministerio Público consideran que la incorporación de un peritaje fortalecerá la construcción del caso, al permitir un análisis más técnico de los documentos, decretos y decisiones tomadas durante la sesión.
En ese sentido, señalan que la investigación debe cubrir todas las aristas necesarias para garantizar el respeto al debido proceso y la correcta aplicación de la ley.
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