La lucha contra la extorsión y el crimen organizado en Honduras entró en una nueva etapa tras el cierre definitivo de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) y la puesta en marcha de una nueva estructura de investigación y coordinación estatal.

Las autoridades de la Secretaría de Seguridad confirmaron que, a partir del 29 de mayo de 2026, las funciones operativas contra la extorsión pasarán a estar bajo una división especializada adscrita a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), encabezada por el subcomisionado Jorge Daniel Molina Gálvez.

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Junto a Molina también fueron nombrados la subcomisionada Sulay Ponce Elvir como subdirectora y Cristian Nolasco como jefe de operaciones, quienes asumirán la conducción de los procesos investigativos relacionados con estructuras criminales, pandillas y organizaciones consideradas terroristas por el Estado hondureño.

El cambio ocurre como parte de una estrategia impulsada por el gobierno para reorganizar el combate contra delitos de alto impacto y fortalecer los mecanismos de inteligencia criminal.

Agencia contra el crimen

Además del traslado de funciones investigativas, el Congreso Nacional aprobó la creación de la Agencia Nacional contra el Crimen (ANC), establecida mediante el decreto legislativo 84-2026 y adscrita al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS). La nueva entidad tendrá como objetivo coordinar las acciones de distintas instituciones vinculadas a seguridad, investigación e inteligencia, con el propósito de centralizar esfuerzos en el combate a la extorsión y el crimen organizado.

Entre las instituciones que trabajarán bajo este esquema figuran la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), la Policía Militar del Orden Público (PMOP), las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y otros organismos estatales de inteligencia.

Según lo anunciado por las autoridades, la ANC buscará mejorar el intercambio de información entre instituciones y agilizar las investigaciones relacionadas con redes criminales que afectan principalmente a comerciantes, transportistas, emprendedores y ciudadanos víctimas de cobros ilegales.

Uno de los puntos centrales de la reforma será la creación de una plataforma nacional de integración de información criminal, la cual concentrará datos utilizados en investigaciones de extorsión. Dentro de esa base de datos estarán registros de números telefónicos vinculados a actividades ilícitas, movimientos bancarios, plataformas financieras, pagos móviles y billeteras electrónicas relacionadas con investigaciones criminales.

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Las empresas proveedoras de estos servicios deberán entregar la información solicitada por las autoridades en un plazo máximo de 30 días, según establece el decreto aprobado. El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad será el encargado de reglamentar el funcionamiento operativo de la nueva Agencia Nacional contra el Crimen, mientras el gobierno sostiene que estas reformas permitirán fortalecer la capacidad del Estado frente a las estructuras criminales que operan en el país.