De acuerdo con la directora del observatorio, María Luisa García, los estudios elaborados a partir de información recopilada de instituciones estatales y organismos de cooperación internacional revelan que alrededor de 1.8 millones de hondureños enfrentan actualmente condiciones de inseguridad alimentaria. Esta cifra refleja un deterioro sostenido en el acceso a alimentos básicos y suficientes para la población más vulnerable.

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El panorama, lejos de mejorar, muestra señales de profundización de la crisis. Según la especialista, 10 de los 18 departamentos del país ya se encuentran en condición de crisis alimentaria, lo que implica que una parte importante de la población no logra garantizar sus tres tiempos de comida diarios. En muchos casos, las familias solo acceden a una o dos comidas al día, sin certeza de poder alimentarse de forma regular al día siguiente.

El riesgo, advierten los análisis, es que estos territorios pasen de crisis a emergencia alimentaria si no se implementan medidas urgentes. Esto implicaría un mayor nivel de intervención estatal y un incremento considerable en la inversión pública para atención humanitaria, asistencia alimentaria y mitigación de impactos.

Actualmente, ya se han declarado 33 municipios del corredor seco en situación de emergencia alimentaria. Asimismo, los 16 municipios que conforman el departamento de Choluteca se encuentran en la misma condición, evidenciando un patrón de deterioro acelerado en zonas altamente vulnerables a la sequía.

Entre las principales causas identificadas se encuentra la pérdida de cultivos de granos básicos, especialmente maíz, debido a la irregularidad de las lluvias. Muchos pequeños y medianos productores dependen exclusivamente del ciclo lluvioso, ya que no cuentan con sistemas de riego, lo que los deja expuestos a la variabilidad climática.

Experta aborda sobre inseguridad alimentaria en Honduras

A este problema se suman factores estructurales como la disminución de fuentes de agua, la deforestación y los incendios forestales, que han contribuido a la desertificación de varias zonas. Estos elementos han reducido significativamente la disponibilidad de recursos hídricos tanto para consumo humano como para la producción agrícola.

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En conjunto, el diagnóstico es alarmante: más del 70% de los 1.8 millones de personas en inseguridad alimentaria se encuentran al borde de una situación de emergencia, lo que coloca al país ante un desafío urgente en materia de seguridad alimentaria y respuesta institucional.