El Congreso Nacional de Honduras inició el 2026 con una agenda marcada por decisiones de fuerte impacto judicial, en medio de la gestión del gobierno de Nasry Asfura. En sus primeros 100 días, el Legislativo ha impulsado acciones que reflejan un escenario de constantes roces con otros poderes del Estado.

Desde enero, la Corte Suprema de Justicia recibió varios recursos de amparo que cuestionaron la legalidad de la instalación del Congreso y las decisiones adoptadas por su junta directiva, marcando un arranque conflictivo del periodo.

Juicios políticos y comparecencias elevan la tensión

Uno de los episodios más relevantes fue la apertura de procesos de control político contra altos funcionarios, incluyendo el entorno del fiscal general Johel Zelaya, cuya gestión estuvo en el centro del debate legislativo. El pleno admitió la denuncia por mayoría calificada y ordenó su suspensión inmediata del cargo mientras se desarrollaba la investigación, además de conformar una comisión especial para analizar el caso y hacer un juicio político en su contra.

En abril, el Congreso admitió otras denuncias de juicio político contra funcionarios del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia Electoral, incluyendo al consejero Marlon Ochoa y al magistrado Mario Morazán.

Este proceso activó uno de los mecanismos más contundentes de control político del Legislativo, generando nuevas tensiones institucionales y abriendo un debate sobre los límites entre poderes.

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Audiencias públicas para nuevas autoridades electorales

Paralelamente, el Congreso activó audiencias públicas para seleccionar a nuevos integrantes del CNE y el TJE. La comisión especial avanzó en entrevistas y evaluaciones, con una nómina final de candidatos que debía ser presentada al pleno para su elección.

Reformas al Poder Judicial y choques institucionales

En febrero, el pleno aprobó el Decreto 10-2026, que modifica la estructura administrativa del Poder Judicial al trasladar funciones de la presidencia de la Corte Suprema al pleno de magistrados. La medida provocó cuestionamientos sobre una posible intromisión en la independencia judicial.

Estas reformas profundizaron el enfrentamiento entre el Legislativo y el sistema de justicia, en un contexto de creciente polarización política.

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Suspensiones y casos de corrupción en el Legislativo

En mayo, el Congreso ejecutó la suspensión de la diputada Isis Cuéllar, tras una orden judicial vinculada al caso “Chequesol”, relacionado con presunto desvío de fondos públicos.

La decisión evidenció cómo los procesos judiciales también impactan directamente en la dinámica interna del Legislativo, en medio de exigencias de mayor transparencia.

Reformas económicas con implicaciones legales

Además, el Congreso aprobó reformas a la Ley Orgánica del Presupuesto orientadas a fortalecer la transparencia y establecer una “Caja Única”, como parte de compromisos internacionales y ajustes en la administración de recursos públicos.

Discurso de “puertas abiertas” frente a la confrontación

En contraste con el clima de tensión, desde el Congreso se ha impulsado un discurso institucional basado en el diálogo y la construcción de consensos. Autoridades legislativas aseguran que se trata de un “Congreso de puertas abiertas”, enfocado en escuchar y actuar.

“Cuando hay voluntad sí se pueden construir consensos, porque Honduras necesita acuerdos, no divisiones”, destacan, al tiempo que señalan que se impulsan acciones en salud, infraestructura y carreteras para mejorar la calidad de vida de la población.

Asimismo, sostienen que el Legislativo busca consolidarse como un espacio que “escucha, dialoga y actúa”, promoviendo el trabajo conjunto para alcanzar resultados en beneficio del país.