La consejera del Consejo Nacional Electoral, Cossette López, publicó un extenso mensaje en su cuenta oficial de X en el que respondió a señalamientos relacionados con los supuestos audios vinculados al proceso electoral hondureño y vínculos de negociaciones con el expresidente Juan Orlando Hernández.

Sus declaraciones se dan en medio de una creciente controversia política por la difusión de grabaciones atribuidas a actores del entorno electoral, tema que vuelve a generar debate público y cruce de acusaciones entre sectores políticos.

Acusaciones de fraude 

En su mensaje, López cuestionó directamente el contenido de los audios y aseguró que existieron instrucciones durante el proceso electoral para alterar actas, lo que calificó como posibles actos irregulares.

“Eso es un delito, se llama fraude y su orden se cumplió”, señaló en su publicación.

Además, afirmó que durante el proceso se habrían utilizado representantes vinculados a estructuras políticas en espacios de escrutinio, lo que, según ella, compromete la transparencia del proceso.

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Señalamientos sobre violencia y presión política

La consejera también denunció episodios de violencia registrados durante el proceso electoral, afirmando que varias personas habrían resultado heridas en medio de los eventos políticos.

Asimismo, acusó a actores políticos de intentar desacreditar el proceso y de ejercer presión sobre instituciones electorales.

“Manipulan, mienten y no son amigos de la verdad”, expresó en su mensaje.

Defensa del rol del CNE en el proceso electoral

López reiteró que el rol del CNE no es definir resultados electorales, sino declararlos conforme a los procedimientos establecidos.

“Nosotros no elegimos presidentes, solo los declaramos”, subrayó.

En ese sentido, rechazó señalamientos que, según ella, buscan responsabilizarla de decisiones fuera de su competencia institucional.

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Anuncia posible judicialización del caso

La consejera advirtió que las acusaciones deberán ser presentadas ante instancias judiciales, donde —según afirmó— deberán ser respaldadas bajo juramento y con pruebas verificables.

También señaló que las campañas de desinformación y ataques personales representan un riesgo para la institucionalidad democrática y la seguridad de las funcionarias electorales.

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