La Comisión Especial del Congreso Nacional que lleva adelante el juicio político contra el Fiscal General suspendido, Johel Zelaya, escuchó este martes (24/03/25) a siete testigos cuyas declaraciones podrían resultar determinantes para el futuro del Ministerio Público (MP) y del propio funcionario.

Los testimonios abordaron desde presuntas irregularidades en procesos electorales hasta denuncias de abusos laborales y persecución selectiva dentro de la institución, generando un panorama que mezcla elementos administrativos, políticos y jurídicos.

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El primero en presentarse fue Raúl Amílcar Rivera Montoya, exmiembro de la comisión evaluadora del Consejo Nacional Electoral (CNE), quien aseguró haber sido responsabilizado injustamente por retrasos en la entrega de urnas durante las elecciones generales del 30 de noviembre. Rivera explicó que los problemas logísticos no fueron de su autoría y que las órdenes de los choferes dependían de las Fuerzas Armadas, afectando directamente su reputación. Además, denunció que Zelaya no le proporcionó documentación clave para su defensa.

Dennis Emilio Hércules Rosa, exfuncionario del CNE, por su parte, relató irregularidades en las elecciones primarias de 2025, señalando que las acusaciones en su contra carecían de sustento y respondían a una “justicia selectiva”.

Antonio Kattán, quien se encuentra bajo arresto domiciliario acusado de planear el asesinato del expresidente Manuel Zelaya, cuestionó la legalidad del proceso en su contra y relató el impacto que esto ha tenido en su vida y la de su familia.

Desde el propio MP, el fiscal auxiliar Fabricio Perdomo señaló que Zelaya ha cometido violaciones graves en el ámbito laboral, mientras que la fiscal Claudia Zenaida Paz Hernández denunció haber recibido amenazas y haber sido removida de su cargo tras negarse a firmar un requerimiento fiscal que no correspondía al elaborado por ella. Este caso involucraba al exalcalde de Tocoa, Adán Funes, sumando un componente político de alto perfil.

Finalmente, el fiscal Ricardo Adolfo Núñez destacó presuntos abusos y persecución contra el personal de la fiscalía, incluyendo irregularidades en traslados, sanciones y decisiones administrativas.

La fiscal Jessica Ninoska Matute relató cómo las decisiones administrativas de Zelaya afectaron la salud y la vida de su esposo, el fiscal Santiago René Moncada Sauceda. Matute narró que, tras cuestionar aspectos legales de la elección del fiscal general en enero de 2023, Moncada fue trasladado a La Mosquitia, donde su deterioro cognitivo se agravó. A pesar de los esfuerzos de la familia por gestionar su regreso a Tegucigalpa, el MP no respondió.

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Ahora, la Comisión Especial deberá analizar cada testimonio para determinar si existen méritos suficientes para avanzar hacia la destitución definitiva de Johel Zelaya. El juicio político mantiene en vilo el panorama sociopolítico hondureño y concentra la atención de legisladores y ciudadanos en lo que podría pasar con la titularidad del MP.