El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, aseguró que el actual Poder Legislativo podría marcar un hito al aplicar por primera vez la figura del juicio político, incorporada en la legislación hondureña desde 2013.

Hasta ahora, ningún funcionario había enfrentado este proceso.

Zambrano explicó que la situación política actual y los señalamientos sobre presuntas acciones que habrían afectado la institucionalidad hacen casi inevitable el uso de este mecanismo.

“Es casi un hecho y es casi inevitable que el juicio político se estrene en este Congreso Nacional”, señaló el titular del Legislativo.

Proceso requiere consenso y cautela

El presidente del Congreso aclaró que la aplicación del juicio político no se realizará de manera apresurada.

Destacó que se necesitan al menos 86 votos dentro del hemiciclo y que el proceso debe manejarse con cuidado para evitar que un intento fallido impida volver a presentarlo durante la misma legislatura.

“Esto no es a la carrera, es un tema de votos, es un tema de consensos a lo interno”, explicó Zambrano, insistiendo en que la discusión se realizará solo cuando haya plena certeza de contar con el respaldo suficiente.

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Seguridad y recomendaciones para Marlon Ochoa

Durante sus declaraciones, Zambrano también se refirió a las denuncias de Marlon Ochoa, consejero del CNE, quien aseguró haber recibido amenazas de muerte.

El presidente del Legislativo pidió a las autoridades de seguridad garantizar la protección del funcionario electoral mientras se investigan los hechos.

“Le pedimos a todos los cuerpos de seguridad que le brinden toda la seguridad, acuérpenlo, no lo dejen que ande solo”, enfatizó.

Además, aconsejó a Ochoa considerar la renuncia antes de enfrentar un eventual juicio político.

Zambrano subrayó que las denuncias deben ser verificadas por las autoridades correspondientes para garantizar que se manejen con transparencia y seguridad.

“Que los cuerpos de seguridad del Estado le den todo el resguardo para que no quede ninguna duda”, concluyó.

El anuncio de Zambrano marca un momento histórico en el país, ya que el juicio político podría activarse por primera vez, mientras la seguridad de los funcionarios señalados y la verificación de denuncias se convierten en prioridades para garantizar la institucionalidad y el orden en Honduras.

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