¿Qué sucederá con empleados de las secretarías eliminadas en Honduras?
La reciente reestructuración del aparato estatal hondureño, impulsada por el decreto PCM 02-2026, ha encendido el debate sobre el futuro de quienes laboran en instituciones que serán eliminadas o intervenidas.
La medida del gobierno busca reorganizar la administración pública, eliminar duplicidades y garantizar que cada institución cumpla con resultados tangibles para la ciudadanía.
Entre las entidades que desaparecerán se encuentran la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, la Secretaría de Planificación Estratégica y la Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos de la Presidencia, además de programas sociales como Vivienda y Asentamientos Humanos y Red Solidaria. Por otro lado, varias instituciones serán intervenidas, entre ellas Inprema, SANAA, Senacit y más.
El ministro de Comunicaciones, José Argueta, explicó que muchas de estas entidades concentran “mucho empleo” y que su desempeño no ha alcanzado los resultados esperados por la población. “El objetivo es que cada lempira del pueblo hondureño dé frutos para lo que realmente importa”, señaló.
Aunque la reestructuración promete un ahorro estimado en 700 millones de lempiras mensuales y se alinea con el plan de reducción del gasto público aprobado el 28 de febrero, surgen dudas sobre la situación laboral de los empleados afectados. La incertidumbre se intensifica, especialmente entre quienes llevan años trabajando en estas secretarías y programas gubernamentales.
Para abordar este proceso, la Secretaría de Finanzas juramentó a la Comisión Técnica Liquidadora, responsable de ejecutar la liquidación administrativa y financiera del personal. La comisión estará al frente de la gestión de recursos presupuestarios necesarios para garantizar los pagos correspondientes y está integrada por Ángel Antonio Mendoza Velásquez, Denisse Yamileth Rosales Rivera, Carlos Humberto Hernández Erazo, Leonel Humberto Núñez Espinoza y Mario Celín Simón Perla.
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La creación de esta comisión marca el inicio de una etapa clave en la reorganización del sector público. Sin embargo, el desenlace sobre el futuro de los empleados sigue generando expectativa, ya que muchos hondureños esperan conocer los detalles concretos de su destino laboral y cómo se protegerán sus derechos.









