El caso del crimen de la pareja: José Darío Caballero Zelaya y Sobeyda Rodríguez García, ocurrido a principios de febrero en El Progreso, Yoro, ha tomado un giro revelador tras el hallazgo de diferentes elementos en la vivienda de los acusados.

Las autoridades del Ministerio Público (MP) y de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) confirmaron que los sospechosos, Ángel David Alvarado y Gina Azucena Poveda, esta última de nacionalidad estadounidense, fueron detenidos y el 19 de febrero una jueza dictó prisión preventiva, ordenando su traslado al Centro Penal de El Progreso mientras se desarrolla el proceso judicial.

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Según fuentes fiscales, la pareja mantenía una amistad de al menos cinco años con las víctimas. La hipótesis inicial sostiene que los acusados planearon el crimen para evadir el pago de un préstamo otorgado en diciembre de 2023. “Las evidencias apuntan a que actuaron con premeditación, invitando a sus amigos a salir antes de cometer el ataque”, declaró el portavoz del MP, Elvis Guzmán.

Durante un allanamiento en la vivienda de los imputados, los investigadores recolectaron indicios que vinculan directamente a los sospechosos con el hecho. Entre los hallazgos se incluyen el vehículo utilizado la noche del crimen, que presentaba un orificio de bala, una billetera de una de las víctimas oculta en el horno de la cocina, calcetines con manchas de sangre, un arma de fuego con municiones y teléfonos celulares.

También se encontró un documento que reflejaba la renovación del préstamo de 230,000 lempiras, con los nombres de acusados y víctimas. La investigación apunta a que el móvil podría estar relacionado con dicha deuda pendiente.

La secuencia de los hechos, según la investigación, indica que tras compartir inicialmente en una vivienda y luego trasladarse hacia Tela, los acusados atacaron a balazos a la pareja al regresar a El Progreso. Posteriormente, abandonaron los cuerpos a la orilla de la carretera CA-13, entre la colonia Núñez y la comunidad de Quebrada de Yoro, y regresaron a su casa intentando limpiar rastros de sangre en la camioneta.

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El intento de despistar a las autoridades se evidenció cuando los imputados llamaron al 911. La acción levantó sospechas y permitió que la Policía Nacional profundizara en la investigación. Mientras continúan los peritajes en la vivienda y análisis de la evidencia, el MP mantiene la calificación de asesinato, con la intención de robustecer el expediente judicial y esclarecer completamente el móvil del crimen, que apunta a un conflicto financiero entre antiguos amigos.