Un juez determinó otorgar medidas distintas a la prisión preventiva a un maestro hondureño señalado por un delito en perjuicio de una estudiante menor de edad en el departamento de Choluteca, al sur del país. La resolución permite que el imputado enfrente el proceso judicial en libertad mientras avanza la causa en su contra.

El caso salió a la luz tras una denuncia inicial que señalaba al docente por el presunto delito de violación. En un primer momento, trascendió que la supuesta víctima tendría 12 años y que la relación entre ambos habría durado alrededor de dos años. Sin embargo, durante la audiencia, la defensa presentó argumentos que derivaron en un cambio en la tipificación del delito.

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El abogado del acusado informó que la estudiante tiene actualmente 17 años y que, a criterio de la defensa, los hechos no encajan en la figura de violación, sino en el delito de estupro. Según explicó, este último se configura cuando existe engaño hacia una persona mayor de 14 y menor de 18 años para sostener actos sexuales, sin que medie violencia o fuerza.

“Se ha luchado para que se modifique el delito y se ha logrado establecer que no cumple con los requisitos esenciales de violación”, expresó el profesional del derecho a un medio local. Añadió que la edad de la joven puede acreditarse mediante certificación de nacimiento, elemento que, a su juicio, resulta clave en el proceso.

De acuerdo con el artículo 254 del Código Penal de Honduras, el estupro contempla penas que van de seis meses a un año de prisión. Si los actos implican acceso carnal, la sanción puede aumentar de uno a tres años, además de la posibilidad de prestación de servicios de utilidad pública o multa.

«Veremos qué es lo que pasa. En el nombre de Dios que todo salga bien y bueno, a tratar de reflexionar y hacer las cosas bien (…). Ahorita vamos a ver qué pasa», manifestó el acusado.

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El Ministerio Público (MP) deberá continuar con la investigación para sustentar la acusación ante los tribunales competentes. Será en las siguientes etapas procesales donde se definirá la responsabilidad penal del docente, en un caso que ha generado debate en la comunidad educativa del sur del país.