Un grupo de exmagistrados, exconsejeros y expresidentes del ahora Consejo Nacional Electoral (CNE) presentó una iniciativa independiente orientada a promover reformas constitucionales y legales que fortalezcan la credibilidad de los procesos electorales en Honduras.

Los impulsores informaron que han iniciado un análisis técnico del marco jurídico vigente, con el propósito de corregir las debilidades evidenciadas en los comicios primarios y generales de 2025.

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Propuestas de reforma y diálogo con sectores sociales

La iniciativa contempla la implementación de la segunda vuelta electoral, la revisión de la integración de los órganos de la función electoral Registro Nacional de las personas (RNP), Consejo Nacional Electoral (CNE), Tribunal del Justicia Electoral (TJE)  y Unidad de Política Limpia.

Asimismo, ajustes en el financiamiento de partidos, conformación de Juntas Receptoras de Votos y transmisión de resultados preliminares.

Los exfuncionarios subrayaron que el proyecto busca abrir un diálogo técnico y abierto con sociedad civil, academia y actores especializados, para construir consensos que consoliden buenas prácticas democráticas.

Declaraciones sobre la necesidad de cambios estructurales

Uno de los exmagistrados explicó que históricamente en el país solo se han realizado cambios aislados a la normativa, sin transformar la estructura electoral de fondo.

“Después de escuchar a partidos, organizaciones como el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), sindicatos y ONG, coincidimos en que se requieren reformas profundas que despoliticen la institucionalidad”, señaló Augusto Aguilar exmagistrado del TSE.

Entre las propuestas también figura reducir plazos de resolución judicial, blindar autoridades electorales y separar la cúpula militar de futuros procesos.

Los exconsejeros reiteraron su disposición de presentar estas consideraciones técnicas al Poder Ejecutivo, Legislativo, partidos políticos y sociedad civil.

La meta es construir un proyecto de ley que eleve la calidad de la democracia hondureña y garantice que los procesos electorales no dependan de intereses particulares, sino de una institucionalidad sólida y confiable.

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