El Gobierno cubano alertó que, a partir de este lunes 9 de febrero, el país podría quedarse sin combustible para aviación, una situación que amenaza con afectar vuelos nacionales e internacionales y la conectividad aérea de la isla. La medida responde a la crisis energética que enfrenta Cuba, derivada de la reducción de suministros externos de petróleo y derivados.

Las aerolíneas que operan en el país, incluidas compañías de Estados Unidos, España, México y Panamá, deberán ajustar sus rutas, frecuencias y horarios para garantizar que los vuelos puedan operar mientras dure la escasez.

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Impacto en aerolíneas y vuelos internacionales

La falta de combustible podría provocar cancelaciones y retrasos en los principales aeropuertos del país, incluyendo La Habana, Santiago de Cuba y Varadero. Los operadores deberán planificar paradas adicionales en países vecinos para repostar combustible y mantener la continuidad de sus operaciones.

Los destinos más afectados serían Miami, Madrid, Ciudad de México y Panamá, así como rutas regulares hacia Bogotá, Caracas y Santo Domingo, que dependen del suministro estable de Jet A-1, el combustible de aviación utilizado en la mayoría de los vuelos comerciales.

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Medidas de emergencia del Gobierno cubano

Para enfrentar la escasez, las autoridades implementarán un plan de emergencia que incluye la optimización de vuelos, reducción temporal de horarios en aeropuertos y coordinación con aerolíneas para priorizar rutas críticas. Además, el país continuará buscando fuentes alternativas de combustible para mitigar el impacto sobre pasajeros, turismo y comercio.

El Gobierno cubano mantiene abierta la posibilidad de diálogo con socios internacionales, mientras refuerza la planificación energética interna para garantizar que la aviación y otros sectores estratégicos puedan operar con seguridad.

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Contexto de la crisis energética en Cuba

Cuba produce apenas una tercera parte de sus necesidades energéticas y depende en gran medida de importaciones de petróleo y derivados. La presión internacional y la reducción de suministros han provocado apagones frecuentes, limitaciones en transporte y restricciones en servicios públicos, afectando a la economía y la vida cotidiana de la población.

Esta situación recuerda la vulnerabilidad estructural del país, que desde hace varios años enfrenta dificultades para mantener la estabilidad energética y garantizar el funcionamiento normal de sus servicios esenciales.